La primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, ha afirmado que la auditoría de las cuentas de la Sociedad de Desarrollo de los ejercicios 2017 y 2018, pone de manifiesto que el 95 por ciento de los gastos suscritos por este organismo vulneraban la ley de contratación pública.
El análisis, realizado por el auditor-Censor Jurado de Cuentas, Antonio Martos, también ha determinado que las contrataciones se hicieron de manera discrecional, es decir, “que prevalecía el dedazo frente a la ley”, y que tampoco se pedían, tal y como exige la ley de contratación del sector público, tres presupuestos antes de contratar, ha explicado la también concejala de Promoción Económica.
Según Zambudio, el 95 por ciento de los contratos no lo tenían o solo contaban con un presupuesto. Por lo que este modo de actuar, “a golpe de contrato menor” supone, “sin duda”, un incremento en el precio de la contratación, ha considerado.
“Sería muchísimo más factible atender a la ley de contratos del sector público, lo que supondría un ahorro en las contrataciones, pero eso no se hizo nunca en el periodo de objeto de análisis”, ha remarcado la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio.
Una auditoría concluye que el 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de Desarrollo infringe la Ley de Contratos https://t.co/DdYtRYNkpn pic.twitter.com/NGZoYXnkay
— Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife (@SocDesarrollo) July 6, 2020
Según la primera teniente de alcaldesa, los resultados expuestos acreditan que en la Sociedad de Desarrollo, mientras estuvo al frente Alfonso Cabello, “y cuyo máximo responsable es, sin duda, el exalcalde José Manuel Bermúdez”, se actuaba de manera “sistemática” y “generalizada”, como si fuera un “chiringuito político”, y donde prevalecía “el dedazo” frente a la ley a la hora de adjudicar los contratos.
Zambudio indica que de los contratos objeto de muestreo durante el ejercicio 2017 se ha incoado 38 expedientes sin presupuesto, 87 expedientes con un presupuesto, 15 con dos y “únicamente cinco contratos con tres presupuestos”.
Lo mismo, añade, ocurre en 2018, año en el que se suscribieron dos expedientes de contratación sin presupuesto, 48 solo con uno, tres con dos y 0 contratos con tres presupuestos.
Por lo tanto, se concluye que el cien por cien de las actuaciones administrativas no contaban con informes de necesidad, “o bien eran informes insuficientes o no razonables y con motivaciones inadecuadas”, ha precisado Zambudio.
“Sería muchísimo más factible atender a la ley de contratos del sector público, lo que supondría un ahorro en las contrataciones, pero eso no se hizo nunca en el periodo de objeto de análisis”
La primera teniente de alcaldesa ha destacado que los trabajadores de la Sociedad de Desarrollo “siempre han realizado un gran trabajo”, y que la auditoría, lo que viene a constatar, “es un problema de gestión y de directrices políticas”.
Un “grave problema de adjudicaciones a dedo” en contra del interés de los vecinos y las empresas, “que desafortunadamente siempre son los perjudicados”, señala la primera teniente de alcaldesa.
Matilde Zambudio ha adelantado, además, que el resultado de esta auditoría se llevará a la Fiscalía junto a toda la contratación que fue objeto de análisis por parte del auditor.