Martín afirma que el nuevo documento "no ha sido consensuado, ni se nos ha instado a formar parte activa, ayudar a desarrollarlo". Como respuesta, han preparado una batería de 25 puntos sobre los que atenta desde su perspectiva. Entre ellos, parten de que la premisa principal de que "un decreto no puede impedir la compatibilidad de usos o determinar lo que es una actividad económica o no, aspecto que es una competencia exclusiva del Estado", matizó.
A su juicio, en el centro de la polémica que rodea al alquiler vacacional existen dos bandos perfectamente diferenciados: "el del Gobierno de Canarias y la patronal hotelera y otro en el que estamos todos los demás". Por ello, alcanzar un consenso en este sentido "lo veo muy negro"
Aunque desde Ascav reconocen que, si se redactara un decreto contando con las opiniones de todos los implicados "habría cosas que no apoyáramos, pero que tendríamos que asumir para remar todos en la misma dirección", recuerda que, sin embargo "no ha sido así".
"Ha sido impuesto, por lo que usaremos las herramientas jurídicas a nuestro alcance para tratar de rebatirlo. Aunque, a pesar de las contrariedades de todo el mundo, el decreto se va a aprobar, no nos cabe duda", lamenta Martín.
Este desenlace va a ocasionar, desde su punto de vista, "un entorno de inseguridad jurídica, no solo a los propietarios sino también a los turistas que nos visitan, pues no vamos a ser capaces de dar respuesta a sus demandas", insistió el gerente de Ascav, quien hizo hincapié, además, en que al alquiler vacacional se lo define como "una modalidad turística"cuando, contrariamente "se prohíbe" en las zonas turísticas.
Javier Martín- Gerente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional | AH
El gerente de Ascav añade que “si 4.150.000 turistas usan el todo incluido y aceptamos que es lícito hacerlo porque existe libertad de competencias, todo el mundo lo entiende, ¿por qué al revés no? Vivimos en un mercado que debe de ser libre. En cuatro ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que lo que se ha hecho con anterior decreto es poner cortapisas a la libertad de competencias”, expone Martín.
A su juicio, en el centro de la polémica que rodea al alquiler vacacional existen dos bandos perfectamente diferenciados: "el del Gobierno de Canarias y la patronal hotelera y otro en el que estamos todos los demás". Por ello, alcanzar un consenso en este sentido "lo veo muy negro", reconoce.
En esta misma línea, señala que "actualmente, la cuota de mercado del alquiler vacacional es de un 8,2%, cada vez menor”, por lo que insiste en que “la situación es engañosa de cara a la opinión pública”.
De hecho, recalca que "una de cada diez viviendas incluidas dentro de la modalidad del alquiler vacacional han sido regularizadas hace poco y más de 10.000 viviendas están actualmente en trámites administrativos, no en situación de irregularidad. Las que están en sitios turísticos no se pueden regularizar porque están prohibidas. Más de 6.000 en Tenerife no pueden regularizarse”.
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— AtlánticoHoy (@atlantico_hoy) 18 de julio de 2018