El Instituto Nacional de Silicosis (INS), la Inspección de Trabajo (IT) y el Instituto Canario de Salud Laboral (Icasel) han elaborado tres diferentes informes que cuestionan el trabajo que ha venido haciendo la empresa pública Metropolitano de Tenerife para evitar la exposición de sus trabajadores al polvo de sílice, un agente cancerígeno respirable, que supuestamente ha causado afecciones a siete trabajadores. La Inspección de Trabajo ha obligado a la empresa a tomar medidas urgentes debido al riesgo que corren los empleados.
Los trabajadores del tranvía de Tenerife iniciaron en 2023 una huelga que tenía como eje principal la sustitución de este compuesto que desde 2020 está considerado como cancerígeno y que se usa para la tracción de los vehículos. La lucha sindical, que se paralizó y se retomó en febrero tras un acuerdo de finalización de huelga que consideraron roto, centra sus fuerzas ahora en la sustitución del polvo de sílice pero también en las medidas que debe afrontar la empresa mientras esa sustitución se lleva a cabo.
En septiembre de 2023, Metropolitano de Tenerife licitó a la empresa fabricante de los tranvías, Alstom, un informe para ver la viabilidad de sustituir este compuesto. Todavía no se tienen las conclusiones pese a que ya ha pasado un año y los trabajadores siguen expuestos. De lo que sí se tienen conclusiones es de los informes que avalan lo que los trabajadores venían denunciando al respecto de la exposición al agente cancerígeno en los puestos de trabajo y sobre la necesidad de tomar medidas preventivas.
Sin rigor
Por una parte, un informe del Icasel, que analiza cinco informes diferentes presentados por Metropolitano de Tenerife, concluye que todos los estudios presentados por la empresa carecen de rigor ya que consideran que todas las mediciones llevadas a cabo se hicieron sin ajustarse a la norma, por lo que considera que ninguno de ellos es fiable.
Reseñan en el informe la importancia de hacer las mediciones con rigor, dado los importantes riesgos para la salud que acarrea el polvo de sílice respirable. La crítica del Icasel se centra en que los volúmenes de las muestras analizados distan de los volúmenes mínimos recomendados para aplicar el método de cuantificación. Ante ello señala que la empresa no puede concluir que no hay presencia de polvo de sílice respirable.
Atlántico Hoy ha preguntado al respecto de esa falta de rigor a Metropolitano de Tenerife. La empresa informa que esas mediciones se hicieron en 2022 y 2023 por parte de Servicios de Prevención Ajenos (SPA) y ante la crítica del Icasel, informan que han contratado al Instituto Nacional de Silicosis para repetir las mediciones en los diferentes puestos de trabajo, que se realizarán del 21 al 25 de octubre, según han informado a este medio.
Riesgo en todos los puestos
Justo es el INS el que ha elaborado uno de los informes más contundentes con la empresa. Una de sus conclusiones es que en sus mediciones realizadas en junio de 2024 comprobaron que hay exposición al agente cancerígeno en todos los puestos de trabajo, aunque apunta la necesidad de hacer mediciones a los conductores y de ampliar el conjunto de registros.
El órgano independiente insiste en la necesidad de modificar y actualizar las evaluaciones de riesgo y piden definir una nueva estrategia de muestreo, asimismo reclama el máximo rigor a la prevención dado que Metropolitano también tiene responsabilidad con las empresas subcontratadas. Justo los trabajadores de las subcontratas de limpieza y jardinería están entre los más expuestos están.
Polvo en el aire
Más allá de las peticiones, uno de los factores que analizó el INS que más sorprendió a los trabajadores es la cantidad de arena de sílice que finalmente se convierte en polvo de sílice transpirable. En total el 30,6% de las partículas pasan a tener un tamaño inferior a la fracción respirable, según apunta una de las conclusiones. Sin embargo, para la empresa, este dato “se trata de una muestra puntual de residuo apelmazado en un punto de la vía” ante lo que aseguran que “no se debe generalizar este dato”.
La IT sentencia
La conclusión del Icasel al respecto de la falta de rigor de las mediciones que había llevado a cabo la empresa, y la evidencia que demostró el INS del riesgo que presentan todos los puestos de trabajo motivó que la IT se personara este mismo septiembre en la sede de la empresa pública para analizar la situación. A raíz de esta visita abrió una diligencia a Metropolitano obligando a tomar medidas de prevención en todos los puestos de trabajo que están en contacto con el polvo de sílice.
A la subcontrata de jardinería, por ejemplo, se le obligó a dejar de usar la máquina cortacésped, dado que esta emplea un sistema de aspiración sin filtro que luego se emite a la atmósfera, lo que supone un riesgo para los trabajadores, que podrían respirar el polvo de sílice. También se obligó a la empresa subcontratada para la limpieza a evitar el uso de una de las máquinas cuando coincida con otros trabajadores.
Lavado y mascarilla
Se estableció además la necesidad de que la empresa se encargue de la limpieza de los uniformes de los revisores del tranvía, ya que son uno de los grupos con especial exposición y que hasta ahora debían lavar sus uniformes en sus casas, junto a la ropa de sus familiares. También obligaba a que los revisores tuvieran que llevar mascarilla, cuestión que ya está en marcha, también de forma voluntaria para los trabajadores de las subcontratas.
Asimismo se obliga a proteger a los trabajadores de Mantenimiento y Operaciones que operan en los dos túneles que tienen las dos líneas, ya que al ser espacios cerrados presentan una mayor acumulación de partículas. Al respecto obliga a que, en un plazo de dos semanas -que según los trabajadores finalizó el lunes sin una reunión de por medio- la empresa debía informar a los trabajadores de los riesgos de operar en los túneles.
Tal y como asegura la empresa, ya trabajan con la Inspección de Trabajo “en la implementación de todas las medidas acordadas entre la propia IT y la empresa, y observando los plazos adecuados en cada una de ellas”. Además apuntan que es la propia la IT la que indica “que se continúe midiendo, que se continúe evaluando e implementando las medidas preventivas oportunas”, cuestión que sí que está clara en la diligencia debido a la falta de medidas con anterioridad.
Negociación congelada
Los tres documentos dan la razón a lo que los trabajadores venían denunciando desde 2021 y en cierta parte es una batalla ganada, pero todavía mantienen activa la guerra porque hay 32 puntos diferentes que han motivado la huelga. Sin embargo, tras más de 120 días desde que comenzó la segunda huelga y tras un enfriamiento que duró poco, el comité de huelga no tiene ninguna cita en la agenda para solucionar esta situación, según apuntan los trabajadores.
Sin embargo, la dirección de la empresa asegura que están “en constante contacto” con el comité. La empresa asegura que el 26 de septiembre iba a presentarles “una propuesta y un calendario de reuniones para llegar a un acuerdo con el que poder desconvocar la huelga”, pero aseguran que no solo el comité lo rechazó sino que “presentó una modificación del preaviso de huelga inicial recrudeciendo la huelga e incluyendo ocho nuevos objetivos en dicho documento (de los 10 objetivos iniciales, pasaron a 18, entre ellos, por ejemplo, solicitan la semana laboral de 35 horas)”, informan.
Este medio ha podido acceder al documento de modificación del preaviso de huelga y si bien hay 18 puntos, ninguno de ellos habla de la reducción de la jornada laboral a 35 horas. De hecho, hay que señalar que los trabajadores son empleados públicos, por lo que están sujetos al Acuerdo Marco para una administración del siglo XXI que apuesta por la implantación de este tipo de jornada.
“La Empresa (sic) no ha dejado de velar por la continuidad de las negociaciones con propuestas sobre los objetivos planteados y convocatorias de reuniones para la negociación”, sentencian al respecto, una posición que entra en total contradicción con la que ven los trabajadores, que aseguran que no hay citas para finalizar el conflicto.
La semana pasada los trabajadores volvieron a convocar una nueva rueda de prensa para poner de manifiesto la falta de negociación ante lo que reclamaron al Cabildo de Tenerife y, en especial a la presidenta insular, Rosa Dávila, a que asuman la negociación con el comité de huelga. Además, anunciaron que llevarán a la empresa a los tribunales.