La inserción laboral es una herramienta para ayudar a la integración y al acompañamiento para la incorporación al mundo laboral de personas con dificultades. Suelen acogerse a estos programas personas sin muchos recursos que buscan una salida para mejorar su situación económica y laboral. En Tenerife dos de las empresas que se encargan de la inserción laboral de personas en riesgo son Ecatar y Ecoinser, que prestan servicio en el Complejo Medioambiental de Tenerife, en Arico. Por contrato, la labor de estos trabajadores es excluir de la cinta de residuos los plásticos que se van a reciclar. Pero la realidad en el puesto de trabajo es otra.
Residuos sanitarios, animales muertos, baterías, materiales tóxicos, residuos de uralita, fibra de vidrio o jeringuillas son solo algunos de los restos de basura que tienen gestionar unos empleados que carecen de las medidas de seguridad necesarias como guantes, epis (equipos de protección individual) o mascarillas válidas, según denuncian los propios trabajadores. El Cabildo de Tenerife tuvo oportunidad este viernes para explicar por qué no se había actuado en este complejo de su propiedad, sin embargo, se han mantenido en silencio escudándose en las numerosas denuncias pendientes que han presentado los trabajadores.
Ecatar y Ecoínser pertenecen a la organización sin ánimo de lucro Ataretaco. Su llegada a la gestión de la planta Todo en uno del complejo llega a través de la subcontrata por parte de la empresa Vertresa. Tal y como denuncia a Atlántico Hoy uno de los integrantes del comité de empresa, la mayoría de los trabajadores en su planta llegan de servicios sociales, acogidos a políticas de inserción laboral. Esto implica que la mayor parte de las personas que gestionan el servicio de reciclado no cuentan con una formación específica para la gestión de todos los residuos que se encuentran cada día, según denuncia el trabajador, quien no quiere dar su nombre.
Entre esos residuos, que tratan sin los guantes correctos, con epis que tardan semanas en cambiarse y sin mascarillas adecuadas que les protejan de todas las partículas de la basura, hay material hospitalario, que está prohibido que se mezcle con otros residuos y que debería ser entregado a un gestor autorizado. Entre las consecuencias de que los restos sanitarios no se gestionen adecuadamente está que varios empleados se hayan pinchado con jeringuillas de los hospitales, que tengan que manipular bolsas de sangre, y restos de sondas, así como pañales y material quirúrgico.
Todo ello se lo encuentran en una gran cinta que transporta de todo tipo de restos: uralita, baterías de coches, sacos de cemento, bombonas de butano, animales muertos, fibra de vidrio y productos tóxicos. Cabría pensar que, lo lógico en un complejo ambiental es la gestión de dichos restos, pero estos trabajadores en concreto, que conforman la mayor parte de las dos plantillas no cuentan con la formación concreta para la gestión de estos residuos y en su contrato constan como operadores de reciclaje, es decir, solo deberían separar aquellos residuos que finalmente se vayan a reciclar, como botellas de plásticos.
Sin respuesta de la Administración
Antes de seguir explicando las condiciones de estos trabajadores hay que hacer un alto para entender el papel que juega la administración pública en este servicio. El Complejo Ambiental de Arico es propiedad del Cabildo de Tenerife, tal y como refleja la Ley de Residuos de Canarias. Por esta razón el viernes pasado, la consejera de Sí Podemos María José Belda, preguntó al consejero responsable del área, Javier Rodríguez Medina, sobre si le constaba a la Institución las condiciones laborales de los trabajadores en esta planta. Una pregunta que no obtuvo respuesta dadas las numerosas diligencias abiertas en Inspección de Trabajo, la Consejería de Sanidad y en el Tribunal Laboral Canario.
Condiciones higiénicas
Las condiciones higiénicas en las que se ven envueltos los trabajadores también son uno de los temas que principalmente reivindican. Más allá de encontrarse en un Complejo Medioambiental, todo cabría esperar que la desinfección de las zonas comunes fuera una norma, pero no es así, tal y como denuncia el trabajador. "No se desinfectan los puestos de trabajo. Se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores. Muchos no saben a lo que se enfrentan en sus puestos", avisa. Y no saben a lo que se enfrentan porque los sistemas de ventilación no funcionan, la nevera donde guardan el agua está justo al lado de la cinta por donde pasan los residuos y las taquillas donde guardan su ropa de calle es la misma donde también deben guardar su ropa de trabajo, la misma que está en constante contacto con residuos.
Incumplir protocolo COVID
La gestión del COVID ha sido otra de las grandes deficiencias que encuentran los empleados. Hasta en dos ocasiones se han producido positivos en los grupos y denuncian que no se han seguido los protocolos. El primero fue en abril de 2021; "la empresa se calló el positivo", critica. Entre 12 y 14 personas se contagiaron, "no hicieron cribados tras notificarlo", comenta. Y explica el trabajador que tras comunicarlo a la empresa no se limpiaron las instalaciones y lo tuvo que hacer un trabajador por su propia cuenta. El segundo de los positivos fue en enero de 2022. Tampoco se aplicó el protocolo, no se realizaron cribados y se contagiaron al menos 10 personas, denuncia.
A toda esta situación se suma una lucha por parte de los trabajadores para cobrar un plus retributivo del 4,5% por la gestión de residuos tóxicos, penosos y peligrosos. Y es que por la cinta por la que pasan los productos plásticos que deben separar, también pasan residuos tóxicos y restos biológicos que también están obligados a separar, por lo que están expuestos como el resto de trabajadores del complejo que sí perciben ese plus. Una demanda que ya llegó al Tribunal Laboral Canario y que la semana pasada la empresa tuvo oportunidad de llegar a una acuerdo, pero explica el trabajador que no hubo voluntad.
Por el momento, los empleados que llegan de los servicios de inserción laboral a la planta solo han obtenido silencio. La Inspección de Trabajo no ha emitido todos los informes de las denuncias sobre la situación de los trabajadores, la empresa se escuda en que las condiciones son óptimas y el Cabildo espera a que sea un juez quien decida si, en efecto, ellos deben actuar.
