El municipio de San Miguel de Abona deberá pagar con 815.085,56 euros en indemnizaciones derivadas de su planeamiento urbanístico, lo cual influirá directamente en el presupuesto de 2021, que ya ha sido modificado en varias ocasiones.
Por una parte, decretada la sentencia judicial, el municipio deberá abonar 427.000 euros por una reparcelación en la zona de Llano del Camello.
Los otros expedientes que se encuentran en fase administrativa responden a una ocupación de suelo privado por parte del Ayuntamiento a un particular en Punta del Lomo (Guargacho), por un importe de 202.000 euros y la reclamación por lucro cesante de la empresa que tenía la adjudicación de la obra de la piscina municipal, paralizada desde 2006, que se proyectaba al lado del Pabellón Jonay Risco Pérez y cuya indemnización asciende a los 186.085 euros.
El concejal del PSOE, José Carlos Rodríguez, asegura que “la mala planificación urbanística de quien rige la alcaldía sanmiguelera y la concejalía de Urbanismo es el responsable de que el pueblo de San Miguel tenga que pagar esta cantidad de dinero”.
Si bien “estos dos últimos expedientes no están cerrados del todo", el concejal socialista asegura que "el grupo de gobierno ya ha consignado las cuantías económicas porque saben que hay que pagar la obligación de deuda”.