La directora general de Patrimonio Cultural, Nona Perera, ha afirmado que le preocupa "el nivel de ignorancia" que sobre las competencias insulares tiene el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y ha aclarado que, de acuerdo con la ley, debe ser la corporación la que decida sobre las medidas cautelares que ha adoptado en el proyecto Cuna del Alma.
En el pleno del Cabildo, el presidente insular remitió a la Dirección General de Patrimonio Cultural la decisión que se debe tomar sobre la paralización cautelar, decretada por la corporación insular, de parte de las obras del proyecto Cuna del Alma en el Puertito de Adeje.
Nona Perera, en declaraciones a Efe, ha afirmado, que de acuerdo a la actual ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019, los cabildos insulares son los competentes para adoptar medidas cautelares y para decidir sobre la continuidad de estas medidas en un plazo de seis meses, que en el caso del Cuna del Alma se cumple el próximo mes.
Sí capacidad sancionadora
Perera ha señalado que su departamento tiene capacidad sancionadora y por ello está tramitando un expediente por una afección muy grave sobre el patrimonio que podría concluir con una multa como máximo de 600.000 euros para la promotora de proyecto.
Ha insistido en que "no es una posibilidad" que la Dirección General de Patrimonio Cultural adopte una decisión acerca de las medidas cautelares, tal y como le instó ayer el presidente del Cabildo de Tenerife, ya que es una competencia de la corporación insular.
Ha recordado que, según la ley, la tramitación de las medidas cautelares pueden concluir con su levantamiento, con la inclusión de los bienes en riesgo de destrucción en el catálogo de protección tanto municipal o insular o en incoación de un expediente de Bien de Interés Cultural.
Manifestaciones rupestres
Perera ha dicho que le preocupa el "nivel de desconocimiento" que tiene Pedro Martín acerca de las competencias insulares y ha señalado que ojalá tuviese su área la competencia para paralizar la obra por la destrucción de bienes patrimoniales que se ha producido en la zona.
Ha precisado que entre otros, se encuentran tres estaciones de manifestaciones rupestres que por ley se deben declarar Bien de Interés Cultural para lo cual es necesario que el Cabildo delimite el área en el se encuentran.
"No encuentro motivos por los que quiera evadir sus responsabilidades" ha dicho Perera sobre las manifestaciones de Martín y ha afirmado que la empresa promotora de este proyecto tenía un informe arqueológico sobre los bienes etnográficos de la zona y no lo remitió al Cabildo de Tenerife como era su obligación.
En ese momento, la ley reguladora del Patrimonio Cultural era la anterior, la de 1999, y en su opinión, el Cabildo debió depurar responsabilidades de por qué no se exigió la reparación en el seguimiento de trámite.