El hasta hace menos de un mes alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, se ha quedado sorprendido y molesto tas leer las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en Atlántico Hoy, donde la regidora insular anunciaba la detección de enganches ilegales al emisario de Punta Brava bajo la “tolerancia del anterior gobierno municipal”, liderado por el propio González.
Así, el ahora líder de la oposición (PSOE) ha expresado en declaraciones concedidas también a Atlántico Hoy que “es preocupante y alarmante que una presidenta de un Cabildo de Tenerife sea capaz de hacer ese tipo de declaraciones con injurias y falsas acusaciones”.
En este sentido, se queja sobre “¿cómo un ayuntamiento va a consentir?” y prosigue argumentando que "ha habido otros alcaldes y me costaría pensar, fuese del color que fuese, que un alcalde permitiera eso, pero lo que debe de preguntarse es cuál era el plan de vigilancia del emisario”.
Vigilancia del emisario
Por ello, ante la falta de certificación de cuándo se hicieron los enganches ilegales se pregunta González “¿nunca nadie en el plan de vigilancia de la que, si ella es responsable como presidenta de la isla y lo han sido todos los presidentes del cabildo en estos 25 o 30 años, los ha podido encontrar?” y añade que “hablamos de llevar días con una pala a obras. Si lo que quieren es acusar a la vecindad de Punta Brava de este problema… Estamos hablando de una obra industrial de dos metros bajo tierra, de una zanjas en mitad de una calle, y eso lo pueden atestiguar, no solamente los últimos años de gobierno, sino los propios vecinos que saben que eso no se lo hubiese permitido absolutamente nadie”.
“Otra cosa es que se descubra que hay alguna situación que se desconociera en el momento que esa obra se ejecutó y que si esto servido para determinar alguna irregularidad de aquel entonces de hace más de dos décadas bienvenido sea para corregirla, pero acusar de consentimiento a un alcalde de una obra que tendría que ser una obra pública, es cuanto menos, no una falacia, sino una falta de respeto”, abunda.
Responsabilidad insular
Asimismo, González ha indicado que “es más que evidente que no ha habido ni una sola obra de carácter municipal, entre otras cosas, porque atendería a una irregularidad y a un incumplimiento y, sobre todo, a una falta de fiscalización por parte del propio Consejo Insular de Aguas, que es propietario y responsable del emisario y de la propia estación depuradora”.
De esta manera, cree el penúltimo alcalde del municipio que alguien “o le ha dado mal la información, habla sin saber o es demasiado atrevida para hacer ese tipo de declaraciones sin tener conocimiento, porque evidentemente no se ajustan a la verdad ni a ninguna realidad”.
Sin comunicación
Marco González recuerda que si las averiguaciones surgidas y la proactividad del Consejo Insular de Aguas son gracias a la inversión que el ayuntamiento tuvo que hacer a la hora de descubrir cuál podría ser el origen “nosotros nos enorgullecemos de hacer labor de gobierno”, pero critica que ahora siendo el único grupo de la oposición no se les ha comunicado “absolutamente nada” de la obra que se está llevando a cabo en el emisario. “Ni por parte del gobierno municipal y mucho menos por parte del cabildo y yo creo que hay que tener mucha más cautela, mucha más precaución en lo que se viste y, sobre todo, cuando no es ni siquiera de Justicia”.
En este contexto, vuelve a atacar a Dávila. “No atendió a este alcalde por este motivo y no quiso jamás reunirse. No fue capaz de estar presente en ninguna de las reuniones de coordinación del gobierno y del cabildo, sino que en las dos ocasiones, pese a la gravedad que era tener un cierre de una playa en un municipio turístico, no quiso estar en la foto y mandó siempre a su consejera Blanca Pérez”, expresó. “Si realmente le preocupara el Puerto y la situación que estábamos sufriendo tenía que haber asumido en primera persona estas dificultades que estábamos atravesando”, añadió.
Informes de Salud Pública
Sobre el informe que instó a cerrar Playa Jardín el pasado junio, y que pasaron 13 días desde la notificación al Consistorio hasta la clausura, Marco González aclara que el informe lo reciben después de las hogueras de San Juan. “Una cosa es cuando se firma un informe y otra es, como alcalde o como concejala, que se da cuenta a los representantes políticos”.
Así, “cuando llega, nosotros pedimos una aclaración y en ese momento hasta que el propio secretario municipal no emita un informe jurídico avalado, porque no le tengo que recordar a una presidenta del cabildo ni a un alcalde ahora del Puerto de la Cruz que las playas no son competencia municipal, sino de Costas, no se puede decretar el cierre de la playa, que en un principio recomendaban no baños y que, ante esa tesitura interpretativa, nosotros exigimos una aclaratoria y son esos 10 días en los que tarda en llegar”.
Precisamente, sobre la existencia de informes anteriores sobre la calidad del agua en Punta Brava, González indica que lo único que dice el de Salud Pública de 2024 “es que hace referencia a un informe, no del 2020, sino de 2022”, que se envía al ayuntamiento y al CIATF. “Con ese informe, el CIATF encarga, en época socialista, un proyecto para la regeneración del tramo de 240 metros del emisario y desde el 2023 está pendiente de una autorización de Costas, que es algo auténticamente vergonzoso.
Cabo Padrón, señalado
A colación de ese informe de 2022, en el que solo habla del empeoramiento de la calidad del agua, pero no de cerrar la playa, el ahora líder de la oposición, recuerda que en el ámbito municipal solo se comunica al área de Playas y de Sanidad. “La responsabilidad de no haberlo comunicado, de no haber abierto un expediente, es de Alberto Sebastián Cabo Padrón, concejal responsable de aquel momento, que es precisamente un socio de gobierno del gobierno actual”.
En esa línea, el exalcalde asegura que el concejal “ni comunicó a la alcaldía, ni abrió un expediente ni compartió esa información” de 2022. “Nosotros tenemos conocimiento de ello porque el del 2024 dice que había un informe previo, que es cuando nos ponemos a buscar y descubrimos que había una comunicación, que en el momento del CIATF provocó esa acción de encargar un proyecto”, alega.
Último mensaje
Con todo, González concluye con un nuevo mensaje contra Rosa Dávila. “Después de haber sido quienes han propiciado la acción y ha motivado que por fin el cabildo asumiera una responsabilidad para averiguar qué es lo que estaba pasando con el emisario y con la estación depuradora, si no se tiene ni respeto para eso, qué vamos a esperar. Lo que no podemos es contentarnos ante declaraciones injuriosas como las de la presidenta insular hablando de consentimiento en los enganches, porque está señalando a alguien de un delito y eso no se lo voy a consentir”.