El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha pedido este miércoles prudencia para decidir si un municipio debe declararse zona tensionada en materia de vivienda porque, en su opinión, topar los precios del alquiler puede provocar el efecto contrario y contribuir a su incremento.
En rueda de prensa Lope Afonso ha precisado al respecto que el Ayuntamiento de La Orotava acordó esta posibilidad en octubre pasado y aún no ha tramitado el expediente necesario, pues se trata de un asunto complejo que precisa de una correcta acreditación.
Apoyo a los municipios
Sobre el anuncio del Ayuntamiento de Adeje de que va a solicitar la citada declaración, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha indicado que supone que este municipio habrá hecho los análisis oportunos para determinar la evolución de los precios de alquiler y de las rentas para avalar esta decisión.
En cualquier caso, ha precisado, tendrá el apoyo del Cabildo que, ha reiterado, estará al lado de los municipios en materia de vivienda porque en este mandato la corporación ha pasado "de las palabras a los hechos" en este ámbito.
Adeje no ha pedido ser zona tensionada al Cabildo
Al respecto, Lope Afonso ha indicado que dentro del programa Activa Vivienda no consta que haya llegado una solicitud de Adeje para declararse zona tensionada ni se ha interesado por esta iniciativa.
Precisamente el Cabildo ha impulsado un programa similar, el Activa Suelo, que tiene como objetivo impulsar junto con el Gobierno de Canarias la compra de suelo en municipios de menos de 20.000 habitantes para edificar viviendas en régimen de alquiler y así contribuir a evitar el despoblamiento.
Activa Suelo
Este programa ha duplicado su presupuesto inicial, al pasar de 5 a 10 millones de euros, para atender la demanda de los municipios y el Cabildo tinerfeño considera que puede ser una de las medidas que contribuyan "a aliviar la tensión de vivienda" en determinadas zonas.
Para este programa se destinará este año en Tenerife una partida de 1,5 millones de euros, que puede ser ampliable en una cantidad similar, y que se distribuirá hasta en un máximo de 250.000 euros por municipio solicitante.