La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un requerimiento judicial para la impugnación de las oposiciones para policía portuario argumentando falta de transparencia en el proceso de selección.
Son varias las razones que esgrime el sindicato para llevar a caso este recurso, como asegura a AtlánticoHoy Joaquín Hernández Bretones, quien fuera coordinador de la representación sindical y actual responsable del CSIF para los asuntos relativos a Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. Hernández dice no entender “cómo siendo un ente público se permiten hacer estas barbaridades, y sabemos que contamos con toda la razón”.
La primera irregularidad que pone sobre la mesa es que no haya pruebas para una oposición a policía portuario, un puesto para el que, “de sentido común”, hay que demostrar ciertas condiciones físicas.
Además, se incluye en el tribunal calificador al presidente del Comité de Empresa, “algo que no puede hacer debido al nuevo convenio que firmamos en 2019 donde se decía expresamente que no podía haber representantes sindicales en estos tribunales”.
Otro punto donde cree Hernández que se vulneran los principios de igualdad es en la baremación de las notas, que se limitan a un apto y no apto que no permite ver al aspirante donde ha fallado, cuando es obligatorio en una oposición dar a conocer las notas.
En cuanto a la valoración de las entrevistas personales -que suponen el 15% de la nota- son subcontratadas a una empresa externa, que valora como apto o no apto pero los miembros del tribunal no saben de dónde viene esa nota. Solo el presidente del tribunal calificador tiene acceso.
Desde el CSIF entienden que "ponerle nota a una entrevista altera las normas básicas para una oposición de este tipo, y en otras convocatorias hemos comprobando cómo se altera significativamente el orden sin justificación, porque realmente no hay justificación”.
El representante sindical ve “claro que existe parcialidad a la hora de convocatorias para estas plazas, lo vemos en muchos puestos”, y reconoce que las quejas, “muchas veces de los propios compañeros”, que más les llegan vienen de las oposiciones a policía y a las de administrativo, que es donde más plazas se generan.
En este caso particular para las oposiciones a policía, el temario teórico no incluía los temas referentes a la Constitución, algo difícil de replicar pues es materia común para todas las ofertas de empleo público del Estado.
“Las autoridades portuarias funcionan como empresas dentro de las administraciones públicas”, prosigue, “pero aunque lo sean los empleados son públicos. Hacen falta garantías e igualdad para todos”.
Si bien considera Hernández que prácticamente no hay posibilidades de que el recurso no prospere, sabe que estas impugnaciones son lentas, ya que son tramitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que podría llevar a un proceso que pueden durar hasta dos o tres años, cuando las plazas lleven ya tiempo cubiertas.
“Ya ha pasado otras veces. Se declaran oposiciones nulas y habrá que volver a examinarse. No tenemos dudas de que los candidatos tienen sus capacidades, pero el proceso deber ser lo más igualitario posible. Sabemos a ciencia cierta que en muchas autoridades portuarias que eso no se cumplía, aunque poco a poco se va corrigiendo”, finaliza.
Pese a repetidas solicitudes por parte de AtlánticoHoy, ningún miembro de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha querido ofrecer la versión del ente público, si bien desde los servicios jurídicos de la corporación aseguran que ellos “no saben nada” porque “aún no les ha llegado nada”.