Paso al frente de los grupos de ecologistas contra las administraciones públicas. La Fiscalía de Medioambiente ha resuelto a favor de una denuncia efectuada en marzo de 2022 en la que se dictaba delito contra los recursos naturales y el medio ambiente contra el Ayuntamiento de Arico, los alcaldes y los concejales delegados de Aguas, Obras y Servicios desde el año 2013, por los vertidos de aguas residuales urbanas a través del emisario de Abades.
La resolución judicial, a la que ha podido acceder Atlántico Hoy, ha suspendido los efectos de la autorización de vertido a través del emisario de Abades, uno de los más controvertidos de Tenerife. Así, esta suspensión viene determinada por la comprobación del incumplimiento del ayuntamiento tras la cesión de la gestión del emisario en el año 2013 con relación a la Autorización de Vertidos Municipal (AVM) otorgada.
Incumplimientos
En este contexto, el documento judicial expone que la cámara de desbaste no se ha ejecutado conforme a proyecto, que no se tiene constancia de que se ejecutara el aliviadero previsto, que la caseta de microtamiz no está construida según el proyecto y que la conducción de desagüe no se ha ejecutado según el proyecto.
También, tras la inspección y grabación de vídeos sobre la estructura, se detectan importantes deficiencias técnicas que tienen la consideración de modificaciones sustanciales.
Falso relato
Además, se destaca que, en una visita a las instalaciones en junio de 2022, personal del Ayuntamiento de Arico y la empresa gestora del agua informaron que no se estaba realizando ningún vertido al mar desde tierra y que las Aguas Resiuales Urbanas (ARU) las almacenaban en los tanques existentes en la arqueta de micromizado (no prevista en el proyecto), que los retiraban periódicamente en camiones cubas que, posteriormente, se desplazaban a la EDAR de Adeje-Arona.
Un relato que las inspecciones desmontaron. En este sentido, la resolución desvela que en las instalaciones de bombeo de aguas residuales ubicadas a pie de playa las bombas entraron en funcionamiento varias veces, pero en el momento de la visita donde se ubica el pretratamiento de las aguas, los depósitos estaban vacíos, por lo que no hubo entrada de aguas residuales bombeada desde dichas instalaciones.
“Ello supone una importante contradicción”, afirma el texto.
Investigados
Por todo ello, la instrucción señala que el vertido no se ajusta a la AVM otorgada y que las importantes incidencias que se han producido en las instalaciones no fueron comunicadas por parte del Ayuntamiento de Arico durante el plazo de vigencia de la AVM e implicaron un mal o incorrecto funcionamiento del sistema de vertido.
Esto, detalla el auto judicial, “supone un grave riesgo para la salud de las personas, para el baño en la zona de playa de Abades y para el medio receptor, el mar, y las especies que lo habitan.”
De esta manera, los exalcaldes Juan José Armas (2012-2015), María Elena Fumero (2015-2019), Olivia María Delgado (junio 2019-noviembre 2019) y el actual regidor, Sebastián Martín, según el auto, deberán declarar en calidad de investigados, así como los concejales del ramo que los acompañaron.
Más irregularidades
Según desprende el auto judicial, en el histórico del emisario -construido en 2004- no se han aportado los resultados del PVC correspondientes a las anualidades de 2006 y 2021.
Asimismo, en los años 2004 y 2005 se presentaron solo analíticas de efluente, pero ningún control de aguas receptoras, control de sedimentos y control de la conducción de vertido. Tampoco existen datos de caudal real vertido, lo que impide comprobar le cumplimiento relativo al volumen anual máximo autorizado, así como estimar el tamaño de la aglomeración urbana.
El documento añade que el caudal vertido, según los datos de los años 2018, 2019 y 2020, no explica el método de estimación utilizado.