“En mi servicio me están haciendo mobbing desde hace muchos años. A mí y a varios más del servicio”. Así de contundente ha expresado a Atlántico Hoy un profesional de la sanidad en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que por razones obvias ha preferido ocultar su nombre y el servicio donde desarrolla su jornada laboral.
“Esta práctica está normalizada dentro de este hospital; a otros compañeros de mi mismo servicio y de otros. Incluso, de otros estamentos como enfermeros auxiliares, técnicos, etc, también lo sufren. En la mayoría existen casos de mobbing”, agrega sin dudar.
Alega que conoce la existencia de más de 30 expedientes abiertos.
Reclamaciones ignoradas
Según su relato, cuando comenzó a sufrir ese maltrato por parte de su jefe de servicio presentó la reclamación oportuna siguiendo, punto por punto, lo que informaba el protocolo publicado en el Servicio Canario de Salud, ajustado a derecho y con plazos programados. “En mi caso, desde hace casi 3 años estoy en el mismo lugar y nadie ha respondido. Tú lo presentas y ahí se queda”, señala.
Existe un plazo legal corto de unos seis meses para resolver este tipo de asuntos laborales. Si la administración incumple los plazos, comparte el denunciante, “me obliga a comenzar un proceso en el juzgado con denuncia y pago a abogados, procuradores, etc.”, proceso que suele ser muy caro y deben ser a costa del denunciante. Sin embargo “te gastas el dinero y luego, si tienes suerte y puedes demostrar que hay mobbing unos tres años después ("¿usted tiene alguna prueba?", "¿tiene usted testigos?"). En el mejor de los casos, aunque gane el juicio habría muy pocos cambios…. El mobbing es un tema muy sibilino”, indica.
Asimismo, afirma que “todos aquellos profesionales a los que se le ocurre protestar ante algo que se está haciendo que no es legal, no solo no te hacen caso, y ni siquiera lo estudian, sino que te ponen la cruz y comienzan a arrinconarte como conflictivo”.
Un contexto que, explica, no le preocupa por tener plaza en propiedad ganada en oposición y “es prácticamente imposible el despido o sanción”, pero los trabajadores eventuales no cuentan con ese colchón. “Yo trabajo con pacientes, no con políticos, pero claro, empiezan a maltratarte, insultarte, vilipendiarte ante otros compañeros y acabas harto de ese acto continuo”, apostilla.
Falsa amenaza de muerte
Según expone el trabajador del HUNSC, todo comenzó cuando hace unos años solicitó por escrito el cambio de una actividad, dentro del propio servicio, por razón de enfermedad. Tanto la gerencia como el jefe de servicio se lo negaron por omisión. "Nunca respondieron al escrito presentado y fui a pedir explicaciones al jefe de servicio y su contestación fue ‘porque no quiero, punto final de la comunicación’".
Unas semanas después -continúa- fue citado por la subdirección del área. “La verdad es que subí contento pensando que me iban a conceder mi petición, pero mi sorpresa fue mayúscula: el jefe de servicio me había denunciado por escrito por una amenaza de muerte hacia su persona”.
Ante esta denuncia, este profesional sanitario confiesa que se rió “un rato”, negó “tal barbaridad” y les conminó a que si tenían algún tipo de prueba que le denunciaran directamente en el juzgado. “No lo hicieron, prueba de que eran solo palabras sin fundamento, y solicité esa denuncia por escrito para presentarla yo con la querella oportuna por falso testimonio. Se negaron”, esgrime.
Sin ventajas ganadas
Además, comparte sobre la negativa que recibió para cambiar de actividad, como médico propietario de una plaza ganada por concurso oposición, en teoría, “tendría que tener ventajas en comparación a todos aquellos profesionales que están contratados temporalmente”.
No obstante, señala que en ese puesto solicitado admitieron al último residente que había acabado ese año, “que no es ni tan siquiera interino”, sino con un contrato por nueve meses. “Yo soy solo uno de los casos, pero la realidad es que esto ocurre en otros muchos servicios con total discrecionalidad y sin apoyarse en las normas y la ley”, agrega.
“A peor”
En este contexto, asegura que después de ese incidente “todo ha ido de mal en peor” y que ha conocido por compañeros de otros servicios que el jefe “ha ido contando por el hospital mi supuesta amenaza de muerte hacia su persona y la realidad es que esa falsedad del jefe de servicio me crea un malestar tremendo que me arrincona y me hace sentir tremendamente solo. La dirección solo se lavó las manos. Da la impresión que soy yo el que le hace mobbing cuando la realidad es al contrario”
Ante la no resolución de la acusación y la aparente dejación de obligaciones de la gerencia, la situación no ha ido a mejor. “El jefe de servicio lleva sin hablarme más de tres años. No se dirige a mí nunca, jamás. Me ve y ni me saluda”, apunta. Realiza reuniones de equipo para decidir cosas importantes y no me convoca, simplemente no existo”, añade.
Más formas de 'mobbing'
Otras formas de acoso laboral que asegura haber recibido es que hay muchos días en los que no se citan pacientes en su agenda. “Cero pacientes, sin nada que hacer durante 7 horas”, alternado con una agenda llena de pacientes durante semanas “sin tener tiempo ni para tomar café”.
Para evitar las críticas de los compañeros asegura que muchas veces se desplaza a su consulta en el HUNSC por las tardes “para adelantar los tratamientos”.
Traslado
El objetivo del hospital, según sus palabras, cree que no es otro que el de forzar un traslado a otro hospital. Así, en aquella reunión ya mencionada con la dirección del área, le recomendaron “sutilmente” que solicitara un traslado a otro hospital, diciéndole que para encontrarse así de mal y a disgusto que a lo mejor eso solucionaba el problema.
Según detalla, le comentaron que se podría ir a Atención Primaria en la que ya tenía plaza y que se quitara “este muerto de encima”, abunda. “A mí me gusta mi trabajo, amo lo que hago, el problema no es mío y no me tengo que ir a ningún lado”, respondió entonces, lo que, apunta, le contestaron que “demostrar el mobbing era muy difícil y que sería casi imposible que esto cambiara y que la solución era irme".
No obstante, reconoce que ha pensado en pedir plaza de traslado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), pero que el concurso de traslado lleva un retraso de años y que solo podría trasladarse en comisión de servicio, hecho que no depende del mismo
“Yo cuando vengo a trabajar, vengo casi sin dormir, muy cansado, estresado y pensando a ver qué me espera hoy. Esta situación sucede mes tras mes, año tras año, es insufrible. Cuando noto la presión del mobbing indiscriminado no me queda más remedio que acudir a mi médico de cabecera y solicitar una baja laboral, mi médico ya conoce la situación y habitualmente no me pone problemas. Parar una o dos semanas y cuando me tranquilizo, vuelvo. Es una solución de aquella forma”, argumenta.
Bajas
Una baja que vuelve a generar un nuevo encontronazo con el jefe de servicio. “Me critican que me fui de baja sin estar enfermo porque soy un mal compañero y así ellos tienen que asumir a mis pacientes. Me ponen una mala prensa que trasladan a los pacientes y al final la estos me preguntan que si estaba de vacaciones y que no quería vernos y cosas así. Mentiras infundadas, pero que al final hacen mucho daño. No es solo a mí, a mucha más gente dentro del servicio”, critica.
Así, sintetiza que “este tipo de mobbing” se realiza a otros muchos compañeros de otras especialidades y estamentos y que “la realidad es que el SCS hace caso omiso a las denuncias” que se van acumulando en un cajón y que “no tiene viso de solucionarse jamás”.
El HUNSC se escuda en el protocolo
Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con fuentes del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria trasladando la denuncia sobre el acoso laboral que denuncia el profesional sanitario y que apuntaba a un conocimiento de más de 30 expedientes abiertos sin ninguna respuesta.
Así, desde la institución hospitalaria han compartido a este medio de comunicación un escueto: "se sigue el protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, recogido en el BOC Nº102 de 29 de mayo de 2019. Este protocolo implica la creación de un Comité de Investigación (CDI) que realiza una investigación y vela porque el procedimiento se realice de forma veraz", si bien es verdad que, según ha comprobado Atlántico Hoy, "el informe de investigación deberá ser emitido, con carácter general, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de la sesión en la que la CDI hubiese acordado abrir la fase de instrucción; que la CDI podrá acordar de forma motivada, la ampliación del plazo, como máximo un mes más; y que, aprobado el informe de investigación, la Secretaría de la CDI lo remitirá al órgano gestor en el plazo máximo de un día hábil, en sobre cerrado.
En este contexto, la denuncia estaría cerca de cumplir tres años y no habría recibido ningún tipo de respuestas, así como más de treinta, según trasladó el profesional denunciante.