Un hombre será juzgado el próximo jueves en la Sección Quinta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acusado de descargarse abundante material pedófilo y de compartirlo a través de aplicaciones de mensajería instantánea.
La Fiscalía pide para el procesado, de nacionalidad italiana y residente en Adeje, ocho años de cárcel por un delito de corrupción de menores.
Lo guardaba en un sistema de almacenamiento remoto
Según se recoge en el escrito de calificación, la investigación partió de la alerta de una organización no gubernamental de Estados Unidos al Grupo de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional acerca de un usuario que había alojado en un sistema de almacenamiento remoto 76 archivos pornográficos de menores y proporcionaba las direcciones de acceso al perfil.
Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife requirió a la compañía proveedora de internet que facilitara los datos de este cliente, al que se pudo identificar de este modo. En la entrada y registro a su domicilio, en Adeje, le fueron intervenidos un teléfono móvil y un ordenador portátil.
Más de 1.500 archivos
Tras analizar el móvil, la Policía comprobó que el encausado se había descargado a través de diferentes redes sociales y de enlaces ubicados en espacios de almacenamiento virtual así como de diferentes páginas web extranjeras 1.796 archivos y 124 vídeos cuyas nomenclaturas son utilizadas frecuentemente en el argot pedófilo.
Estas contenían imágenes y vídeos de menores de edad desnudos exhibiendo sus órganos genitales y manteniendo relaciones tanto con adultos como con otros menores.
Copartía los archivos en grupos
Asimismo, pudo constatar que por medio de las aplicaciones de mensajería instantánea el encausado intervenía en conversaciones grupales e individuales, en las que los usuarios que los integraban intercambiaban multitud de archivos de pornografía infantil como medio para evitar su expulsión en los mismos y verse impedidos de obtener nuevo material pedófilo.
Tras el análisis del dispositivo telefónico, se hallaron en el mismo 950 imágenes y 8 archivos de vídeo de contenido pornográfico de menores.
Se piden ocho años de carcel
Además de los 8 años de cárcel, el Ministerio Público pide la inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, sea o no remunerado, en el que se tenga contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de 12 años.
También, la medida de libertad vigilada por tiempo adicional de 10 años al de la pena privativa de libertad que le sea impuesta en la sentencia.