La justicia ha admitido a trámite la denuncia del Comité de Empresas Único del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y del sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, así como a otros consejeros del Grupo de Gobierno de la Corporación Insular, por la supuesta prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en relación al traslado de la actividad del Hospital Febles Campos al Seminario Diocesano de Tenerife.Según los denunciantes, el Cabildo habría pagado supuestamente a la empresa Clece un 300 % más por el subarrendamiento del Seminario Diocesano al que se pretende trasladar a los usuarios del Hospital Febles Campos en su remodelación. “En concreto, Clece lo alquila por 70.000 euros al año y se lo ofrece al IASS por casi 300.000 euros, sin hacer nada”, denuncia el presidente del comité de empresas del IASS y abogado demandante José Luis Gutiérrez.Preguntado por AtlánticoHoy, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha contestado en relación a denuncia por prevaricación que, “lógicamente cuando alguien quiere presionar puede presentar denuncias. Yo no he venido aquí para asustarme, he venido aquí para trabajar”.
Traslado de pacientes
En 2020 el Cabildo de Tenerife anunciaba que los aproximadamente 250 usuarios del Hospital Febles Campos serían trasladados al Seminario Diocesano de Tenerife, para realizar las obras de condicionamiento del hospital, construido hace 50 años. Ante esta noticia, desde el comité del IASS, se comenzó a estudiar la capacidad asistencial del Seminario ante la posible disminución de personal. Sin embargo, tras la investigación, lo que encontraron "son operaciones fraudulentas que pueden incurrir en varios delitos", explica el denunciante."Investigamos el expediente y hemos comprobado que pueden existir
supuestos delitos de prevaricación, a lo mejor de tráfico de influencias o de malversación de fondos, por la supuestas operaciones entre los responsables del Cabildo y la empresa Clece (de propiedad de
Florentino Pérez) que arrendó el edificio del Seminario Diocesano para al día siguiente subarrendarlo al Cabildo a mucho más dinero", denuncia Gutiérrez.Al menos doce nombres forman parte de la querella interpuesta por el Comité de Empresa Único del Organismo Autónomo del IASS y de ATC. Entre ellos la presidenta del Consejo Rector IASS,
Ana Franquet; el representante de Clece,
Francisco Cipriano, la gerenta del IASS,
Yazmín León; el presidente del Cabildo
Pedro Martín, así como el Obispado de Tenerife.