El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife que retire la multa de 14.529 euros, que impuso a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) por facilitar el empadronamiento a las personas migrantes usuarias de establecimientos de acogida humanitaria.
En el informe enviado a la Subdelegación del Gobierno, el Defensor del Pueblo constata que, además, no fueron atendidas las alegaciones formuladas "con extensa argumentación" por CEAR en varios escritos durante la tramitación de la sanción.
Las alegaciones
En esas alegaciones, la ONG aportaba copias del contrato de arrendamiento de industria de hospedaje con sus servicios, varios informes que acreditan la situación de las personas usuarias, y certificados de empadronamiento emitidos por la Secretaría de los ayuntamientos correspondientes.
El Defensor del Pueblo ha considerado "necesario" recordar la obligación de toda persona que viva en España de inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.
Empadronamiento en establecimientos colectivos
En este sentido, ha añadido que, para facilitar la inscripción en casos especiales, hay resoluciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en las que se prevé la modalidad de empadronamiento en establecimientos colectivos para personas acogidas en centros o residencias, "supuesto compatible en este caso".
Entiende el Defensor del Pueblo que no cabe observar ánimo fraudulento en el empadronamiento de estas personas por parte de CEAR, ya que cuando la entidad informa al ayuntamiento sobre las personas que residen en los recursos de acogida y precisan del padrón por encontrarse en una situación vulnerable, el consistorio ya conoce la situación de provisionalidad de las personas acogidas y el tipo de recurso habitacional en que se lleva a cabo la inscripción.
Preocupado
"Como ya se indicó a esa Subdelegación, el Defensor del Pueblo observa con preocupación la imposición de multas por una presunta infracción de la ley de extranjería y los efectos que ello pueda tener en la actuación de las entidades que forman parte del sistema de acogida de personas extranjeras, quienes además tienen la obligación de estar empadronadas en el domicilio del municipio en el que residen, siendo personas en muchos casos vulnerables", añade.
Advierte además de que, de no revocarse la sanción, las entidades podrían dejar de informar sobre las personas que residen en sus recursos a fin de empadronarles, incluso en casos que precisen del padrón imperiosamente para acceder a determinados servicios públicos, como ocurre con personas enfermas o menores que precisen escolarización.
La Subdelegación debería haberse pronunciado
A juicio del Defensor del Pueblo, las alegaciones presentadas por CEAR debieron ser objeto de pronunciamiento específico por parte de la Subdelegación en la resolución en la que resuelve sancionar a la entidad, si bien la Subdelegación prefirió entonces desestimar la petición "sin entrar en el contenido de sus alegaciones".
El Defensor del Pueblo también ha demandado que, con el objeto de evitar futuros expedientes sancionadores y de ofrecer una mayor seguridad jurídica, se eleve consulta al Consejo de Empadronamiento y a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a fin de aclarar los criterios de gestión padronal en los establecimientos colectivos donde se acogen personas extranjeras en situación de vulnerabilidad.
Comunicar criterios
Además, ha pedido comunicar los criterios que finalmente se adopten a las entidades locales y a las organizaciones integradas en el sistema de acogida de personas migrantes en su ámbito territorial.
Por último, el órgano que dirige Ángel Gabilondo ha pedido conocer si se han impuesto más sanciones relacionadas con el empadronamiento de personas migrantes en establecimientos colectivos, y ha solicitado ampliar la información remitida y aportar copias de las sanciones que se hubieran impuesto por esa Subdelegación a las entidades autorizadas para la prestación de los servicios de acogida.