El sindicato de la Guardia Civil Jucil ha emitido un duro comunicado contra la interventora del ejército en Tenerife, llamada L.G.D., persona encargada de aprobar los gastos de la comandancia en materia de licitaciones menores.
En el escrito, Jucil denuncia que la interventora, cuya graduación militar es de teniente coronel, ha paralizado varios expedientes de contratación de obras menores que necesitan distintas comisarías suscritas a la comandancia.
Además, fuentes de AUGC en Canarias, otro sindicato de la Guardia Civil -y, además, el mayoritario-, explican a Atlántico Hoy que los agentes no encuentran ninguna respuesta objetiva a lo que está pasando, ya que las licitaciones en la comandancia de la provincia de Las Palmas, que también dependen de L.G.D., salen adelante sin mayor complicación.
Supuesta enemistad con el jefe de la comandancia
"Importantes situaciones quedan desatendidas y la preocupación aumenta", asegura Jucil en su comunicado. Según este sindicato, la paralización de los expedientes se debe a una "supuesta difícil relación entre la interventora del ejército con el jefe de la comandancia; y las conversaciones de la interventora con el general de gestión económica". Este último es un oficial al mando del Servicio de Gestión Económica de la Jefatura de Asuntos Económicos, con sede en Madrid.
Los expedientes que Jucil destaca como paralizados son esencialmente tres, de los cuales el más importante es el de reforma de las dependencias de la Policía Judicial de la comisaría de Las Américas (Arona), que se quemaron en febrero y quedaron inservibles. Las otras que señalan son unas obras menores en dos acuartelamientos de La Palma, uno de ellos en concreto necesita una mano de pintura en los calabozos.
Mandarlo a Madrid para ralentizar el expediente
Según el sindicato, el modus operandi de L.G.D. es mandar de manera sistemática al general de gestión económica en Madrid las licitaciones que la comandancia le plantea a ella para obras menores, de manera que sea la Jefatura la que resuelva y, así, se retrase la operación.
"Un cambio de ruedas lo tiene que autorizar también Madrid, con la consiguiente demora hasta de una semana en conseguir la contestación", dice Jucil.
La versión de la interventora
El escenario de retrasos y supuestas rencillas personales entre L.G.D. y el jefe de la comandancia que plantea Jucil parece ser la explicación que más ha calado entre los agentes, pero la historia es muy diferente según la explica a Atlántico Hoy la propia interventora del ejército.
L.G.D. cuenta a este medio que el comunicado de Jucil está "plagado de errores y barbaridades". La función de la interventora es hacer de nexo entre la Jefatura de Asuntos Económicos y las dos comandancias de Canarias -una para cada provincia-. A efectos organizativos, depende de la comandancia, pero en lo funcional obedece órdenes de la Jefatura, en concreto del general de gestión económica.
Para el desarrollo de sus funciones, la comandancia pone a las órdenes de L.G.D. a un equipo económico que, igualmente, depende organizativamente de Tenerife pero funcionalmente de la Jefatura. Es por esta razón que L.G.D. no se explica por qué Jucil menciona como algo negativo que ella mantenga conversaciones con el general. "Es mi jefe, claro que hablo con él", apunta.
Madrid ha parado los expedientes
Con respecto a la paralización de los expedientes, esta teniente coronel explica que el procedimiento habitual es que ella misma dé el visto bueno a los contratos menores que le plantea la comandancia. En esta ocasión, sin embargo, ha sido la propia Jefatura de Asuntos Económicos la que ha solicitado a L.G.D. que le mande los expedientes a Madrid para revisarlos en profundidad, cosa que no ha sucedido en Las Palmas.
Conforme a esta versión, por lo tanto, no sería que la interventora del ejército esté bloqueando los trámites de la comandancia por supuestas enemistades personales, como insinúa Jucil, sino su mando directamente superior en Madrid el que le habría dado, en el ejercicio de sus competencias, la indicación de dejar los expedientes en sus manos para examinarlos con un "ente ajeno a la Guardia Civil".
Respecto a la presunta animadversión con el jefe de la comandancia de Tenerife, L.G.D. asegura que no existe ni tiene ningún problema personal con él. Su relación, según la teniente coronel, se ciñe exclusivamente a los asuntos laborales que le competen.
Exageración de los retrasos
Además, aunque reconoce que se están dando retrasos con algunos expedientes -que "no serían más de cinco"-, cree que se están sobredimensionando.
Por ejemplo, respecto al incendio en la comisaría de Las Américas de febrero, L.G.D. explica que el primer conocimiento que tuvo de que la comandancia quería licitar una reforma fue a finales de agosto y la Jefatura de Asuntos Económicos le requirió el expediente para examinarlo en septiembre. Por lo tanto, no se trataría, como sostiene Jucil, de una obra paralizada desde hace 10 meses, sino tres.
Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con la Jefatura de Asuntos Económicos para solicitar información sobre los expedientes en disputa y el porqué de su paralización, pero esta ha indicado que no está autorizada a dar esos datos sin una solicitud previa a la Oficina de Relaciones Institucionales de la Guardia Civil. Este medio ha contactado a la citada oficina para pedir la información y continúa a la espera de que se apruebe la solicitud.