El Cabildo de Tenerife ha exigido al Ministerio del Interior la retirada del decreto sobre el registro de viajeros por "limitar los derechos fundamentales de las personas", tras un acuerdo adoptado este viernes en el pleno extraordinario a propuesta del grupo de gobierno (CC y PP).
Esta limitación de derechos se debe, según el acuerdo adoptado, a que se obliga a las personas a aportar datos de carácter reservado a empresas privadas para su almacenamiento y posterior envío a dicho Ministerio para su tratamiento, expone el Cabildo en un comunicado.
También "por los perjuicios" que produce al sector turístico en cuanto su operatividad, economía y el riesgo que supone el almacenamiento y custodia para la privacidad de datos personales sensibles.
Rechazo del PSOE
La moción, rechazada por el PSOE, pide al Ministerio del Interior “el cumplimiento de la Consideración 1 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y de Consejo de 27 de abril de 2016", que establece que la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental.
“El artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan”, ha recordado el acuerdo.
El Cabildo de Tenerife insta, además, a que el desarrollo legislativo del Ministerio del Interior refuerce y especifique los derechos de las personas interesadas y las obligaciones de quienes tratan y determinan el tratamiento de los datos de carácter personal.
En definitiva, piden al departamento del Gobierno estatal garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los datos de carácter personal.
Principio de interdicción
El pleno en su acuerdo solicita además a Interior “el cumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad por el que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales las que producen infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley”.
Reclama que “en su regulación, referida a la protección de las personas, a la hora de la recopilación para el tratamiento de datos personales previo consentimiento del interesado, como responsable de dicho tratamiento, debe ser capaz de demostrar que aquel ha dado su consentimiento".
Por último, el pleno insular dará traslado de este acuerdo a la Agencia española de Protección de datos para que, en el marco de las funciones que le atribuyen los arts 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, promueva la modificación del Real Decreto de referencia.
Una iniciativa que se promoverá "toda vez que no cumple con los principios e adecuación, necesidad y proporcionalidad que establece la jurisprudencia del TC en la solicitud y tratamiento de datos que se requieren de una persona que viaja".
Sobre la normativa en vigor, el texto acordado expone que "pone en riesgo el funcionamiento de los flujos turísticos, a la par que genera serios interrogantes de índole jurídica en materia de protección de derechos y privacidad de turistas y usuarios, tanto de carácter doméstico como internacionales”.