El presidente en funciones del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, insta al nuevo Gobierno de Canarias a adoptar las medidas necesarias para garantizar una regulación de las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) que evite una entrada masiva en la isla.
Pedro Martín ha mostrado su preocupación por las posibles consecuencias que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado 8 de junio, sobre este tipo de transporte pudiera tener en el territorio insular.
Solicitudes desproporcionadas
“El Cabildo de Tenerife tiene en este momento 2.350 solicitudes presentadas para nuevas licencias, una cifra que consideramos absolutamente desproporcionada e inasumible para la isla. Por ello, entendemos que, más allá de las aclaraciones realizadas recientemente por el Gobierno regional en funciones, en las que se indica que no afectará a Canarias, es necesario determinar con más precisión y para mayor garantía, la regulación del número de licencias que se puedan otorgar”, indica.
El presidente explica que ya el Cabildo de Tenerife está elaborando un documento en este sentido para trasladar al Gobierno de Canarias. “Teniendo en cuenta que el actual gobierno está en funciones, en cuanto se constituya el Parlamento, se tiene que tomar este asunto como una absoluta prioridad, para no poner en peligro el medio de sustento de muchas familias en la isla”.
Cupo de licencias
Atendiendo al cupo de una licencia de VTC por cada 30 de taxi existentes, legalmente establecido en la legislación de Transportes canaria, en Tenerife hay 85 licencias concedidas, “lo que garantiza el disponer para toda la isla de vehículos de gama alta y de servicios para atender un mercado muy especializado. Y aunque en este momento todas las nuevas solicitudes de licencia están desestimadas porque no hay cupo para aprobarlas, a la luz de los nuevos acontecimientos, pudiera producirse un vuelco de esta situación, teniendo en cuenta que el número de licencias que hay solicitadas multiplica por 28 las existentes”, señala.
A su juicio, “esto supondría una quiebra del sector del transporte público, incidiendo de manera muy negativa sobre las miles de licencias de taxis que hay en la isla y sobre las pequeñas empresas que ya operan, introduciendo en el mercado un volumen enorme de autorizaciones para las que la isla no está preparada.