El Cabildo de Tenerife ha incluido nuevos criterios sociales y medioambientales en el proceso de adjudicación de los contrato públicos con el objetivo de priorizar el empleo, e impulsar el acceso de las pymes y de las empresas de economía social y solidaria a las nuevas licitaciones.
La vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, explica que “en aras de facilitar tanto a las pymes como a las empresas sociales el acceso a los contratos públicos, el Cabildo ha acordado introducir diversas cláusulas dirigidas tanto a prestarles apoyo técnico como a flexibilizar las condiciones de contratación. En este contexto, este año está previsto desarrollar diversas acciones de formación y asesoramiento con el objetivo, entre otros, de garantizar que las pymes y las empresas sociales puedan presentar en formato electrónico sus solicitudes y ofertas”.
Al mismo tiempo, está previsto adaptar la dimensión tanto económica como temporal de los contratos e incorporar otros cambios relacionados con los requisitos de solvencia que deben presentar las pymes, la reducción de las garantías o los plazos para el pago de las facturas, entre otros criterios.
Estas nuevas directrices, que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno insular, permiten ahondar en el desarrollo de una contratación pública responsable, de manera que las contrataciones que se hagan tanto desde el Cabildo como de las entidades públicas que dependen de él tengan un mayor impacto en el desarrollo socioeconómico de la isla y especialmente en el mantenimiento y generación de empleo.
Además, la directora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, Lidia Pereira, anunció que una vez aprobado, el Cabildo publicará el Plan Anual de Contratación tanto en la plataforma de transparencia como en la plataforma de contratación del sector público para facilitar su difusión entre las pymes y empresas interesadas.
Entre los criterios sociales a los que se da prioridad está la creación de empleo para personas con discapacidad y otros supuestos de personas con dificultades al acceso del mercado laboral. Al mismo tiempo se valorará los proyectos de aquellos licitadores que se comprometan a incorporar un mayor número de personas para su ejecución, así como a mantener empleo o a potenciar el empleo femenino, así como los que subcontraten a centros especiales de empleo o empresas de inserción.
En cuanto a los criterios de adjudicación medioambientales, destaca la incorporación del compromiso de usar durante la ejecución del contrato productos cuya comercialización y uso tiene un menor impacto en el medioambiente y fomentar el uso de productos con etiqueta ecológica. Al mismo tiempo se dará prioridad a aquellos proyectos que contribuyan a reducir el consumo de agua y a mejorar la eficiencia energética.