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Tenerife

Ben Magec carga contra las instituciones públicas tras concederse la licencia a Cuna del Alma

La obra contempla la construcción de 420 villas de lujo, hoteles y otras infraestructuras turísticas, sumando un total de 3.000 camas en una superficie de 400.000 metros cuadrados

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Obras del vallado en los terrenos de Cuna del Alma. / CEDIDA

El grupo ecologista Ben Magec ha acusado a las instituciones públicas canarias de ser "depredadoras del territorio" tras la aprobación del macroproyecto urbanístico Cuna del Alma en el sur de Tenerife.

La obra contempla la construcción de 420 villas de lujo, hoteles y otras infraestructuras turísticas, sumando un total de 3.000 camas en una superficie de 400.000 metros cuadrados, en una de las últimas zonas sin masificación turística de la isla, el Puertito de Adeje.

El Ayuntamiento de Adeje, gobernado por el PSOE, concedió la licencia la semana pasada, lo que ha desatado críticas por parte de los ecologistas, quienes consideran que la zona, hasta ahora preservada, se verá gravemente afectada por el proyecto.

Ben Magec recuerda que la paralización de este y otros proyectos, como el hotel en la playa de La Tejita, fue una de las principales demandas de las manifestaciones de abril de 2023, donde más de 100.000 personas en las ocho islas protestaron contra la masificación turística. A pesar de esta movilización social, ambos proyectos siguen adelante.

Informes negativos ignorados

Ben Magec denuncia que, a pesar de los informes negativos emitidos en 2014 y 2017, la promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL, comenzó las obras sin contar con una evaluación de impacto ambiental. La organización también recuerda que en 2022 las obras fueron suspendidas de forma cautelar por la amenaza de destrucción de un yacimiento arqueológico, la afectación de un hábitat natural, y la presencia de la planta endémica viborina triste (Echium triste), una especie en peligro de extinción que fue trasplantada "ilegalmente" para continuar con los trabajos.

Ben Magec acusa tanto al Cabildo de Tenerife como al Gobierno de Canarias, entonces liderados por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), de no cumplir con su responsabilidad de proteger el entorno natural y de "jugar a pasarse la pelota" en cuanto a las competencias medioambientales.

Cuentan los ecologistas que la promotora ha enfrentado tres expedientes sancionadores, los cuales han sido archivados o caducados, lo que deja a la empresa sin consecuencias legales por las irregularidades. En la legislatura anterior, la Dirección General de Patrimonio Cultural propuso una multa de 600.000 euros por la destrucción del yacimiento arqueológico, pero no ha habido consecuencias firmes.

El grupo ecologista recuerda que la defensa del Puertito de Adeje movilizó a la ciudadanía de Tenerife, con manifestaciones y bloqueos de las obras mediante encadenamientos a las máquinas y la instalación de un campamento en la zona durante varios meses. Aunque el anterior Gobierno de Canarias ordenó la suspensión de las obras, con la llegada de CC y PP al poder, Ben Magec asegura que las instituciones están "ignorando la lucha ecologista" y trabajando junto al Ayuntamiento de Adeje para que el proyecto continúe.

Un modelo insostenible

Para Ben Magec, la masificación turística y la construcción de macroproyectos como Cuna del Alma representan la perpetuación de un modelo económico y territorial insostenible, tanto social como medioambientalmente. La organización denuncia que las instituciones canarias siguen permitiendo la expansión de la oferta turística, mientras se ignoran los reclamos de la población, que pide una moratoria contra la especulación y medidas como la ecotasa o la regulación de la compra de viviendas por no residentes.

"El impulso del turismo masivo y la aprobación de macroproyectos destruyen espacios naturales en beneficio de empresas privadas", advierte Ben Magec, y alerta que la inacción institucional ante esta situación está tensionando cada vez más la vida de los ciudadanos canarios.

El grupo ecologista pide acciones urgentes para frenar la destrucción del territorio y proteger el derecho de la población local a una vivienda digna, ante el avance de la especulación inmobiliaria y la expulsión de los residentes de sus comunidades.