El Cabildo de Tenerife ha incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2023 una nueva línea de ayudas a los municipios para la retirada de amianto en cada territorio. La intención de esta ayuda es que los municipios puedan hacer un censo que permita identificar y localizar las instalaciones que todavía tengan amianto, así como realizar un calendario que planifique su retirada.
En un comunicado, desde el Cabildo tinerfeño han informado que estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se aprobaron en el último Consejo de Gobierno insular, con un presupuesto de 387.500 euros a distribuir entre los ayuntamientos que lo soliciten.
Eliminación del amianto
La eliminación de los elementos compuestos por amianto es fundamental ya que el respirar las fibras de asbesto (amianto) puede producir dificultades al respirar o incluso cáncer de pulmón. Por ello, la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece como unos de sus objetivos generales la reducción de la generación y gestión de los residuos en favor de la salud humana y el medio ambiente, así como la concienciación sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan, fortaleciendo la prevención de residuos domésticos peligrosos al incluir medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como recuerdan desde el Cabildo.
Asimismo, la citada Ley exige que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.