Los trabajadores que prestaban sus servicios en programas ANSINA y CIDEMAT, cerrados por el Cabildo de Tenerife, han decidido interponer una querella criminal contra el presidente insular, Pedro Martín, y los consejeros de Acción Social (Marian Franquet), Deportes (Concepción Rivero) y Carreteras (Enrique Arriaga) por una presunta comisión de varios delitos penales en el citado cierre de los programas. Atlántico Hoy ha tratado de conseguir una valoración de los cuatro querellados sobre el anuncio de los trabajadores, publicado en la web del sindicato ATC, pero por el momento no ha recibido ninguna.
Según los trabajadores, la querella se funda principalmente en la Sentencia de 13 de mayo de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó la demanda del Comité de Empresa contra los despidos de los trabajadores de ANSINA y CIDEMAT, ambas gestionadas entonces por IDECO SL. La acusación afirma que aquella demanda se desestimó por haberse presentado fuera de plazo, pero considera que tiene indicios suficientes para querellarse contra el presidente del Cabildo de Tenerife y sus consejeros por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Sobre el cierre de ANSINA
ANSINA, programa del cabildo con más de tres décadas de vigencia hasta su cierre que promovía la "participación activa de los mayores en las dinámicas comunitarias, haciéndolos participes en actividades sociales, culturales y deportivas", fue clausurado en 2020. La corporación insular justificó la acción en la obsolescencia del programa, buscando como alternativa poner en marcha un plan integral de atención a los mayores de la Isla, a través de un proceso participativo y que implique a todos los ayuntamientos.
Entonces, cabildo y trabajadores negociaron un Expediente de Regulación de Empleo -que no fue aceptado por los trabajadores-, pero se denunció igualmente el cierre. La justicia le dio la razón al cabildo en la citada sentencia que los trabajadores aseguran que se desestimó por haberse presentado fuera de plazo.
Ahora, los trabajadores del programa vuelven a la batalla. En un comunicado en el que han adjuntado numerosos documentos que consideran probatorios, sostienen que el Cabildo de Tenerife decidió el cierre de ANSINA cinco días antes de que la gestión del programa se encomendase a SIMPROMI SL -tal y como se había acordado meses antes-, despidiendo a todos los empleados y "sin ningún informe técnico que justificara esta decisión". En el pleno del cabildo del 4 de octubre de 2019, sólo unos meses antes del cierre, la consejera de Acción Social Marian Franquet había asegurado vehementemente que no iba a cerrar ANSINA.
Un ahorro considerable
El 4 de mayo de 2020, la consejera delegada de IDECO SA -organización que gestionaba el programa y que estaba previsto que cediese la gestión a SIMPROMI SL- remitió al cabildo un informe de situación del programa ANSINA al que ha tenido acceso Atlántico Hoy. En él se concluye que el plan de desescalada del confinamiento por la COVID-19 iba a impedir al "equipo de dinamizadores desarrollar sus actividades en contacto con los mayores en las próximas fechas", amén de que consideraba el programa como obsoleto y a la mayoría de su equipo sin formación.
El informe además añadía el dinero que se ahorraría el Cabildo de Tenerife en caso de cerrar el programa y despedir a los 59 trabajadores que tenía: "liquidar la encomienda a 31 de mayo de 2020 supondría un ahorro [con indemnizaciones incluídas] respecto a mantenerla hasta el 31 de diciembre de 201.846,21 euros solamente en gastos de personal. Si se toma la decisión de dar por finalizada la encomienda fecha de 31 de mayo de 2020 supondría un ahorro económico para el área de 312.666,16 euros una vez liquidado el personal con sus derechos correspondientes y abonadas las facturas de 2019 que se quedaron pendientes de pago".
Posibles delitos
En base a todo esto, la acusación considera que se ha producido "una agresión a la integridad social y psicológica de los mayores", dado que no se dio una alternativa a los mismos tras el cierre del servicio, a sus ojos injustificado y con motivación de no gastar dinero.
Además, la acusación afirma que hay indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos porque, en el proceso de negociación de las indemnizacines -siempre según los denunciantes-, los querellados ofrecieron, además de la legal, "otra indemnización de mejora de más de 1.343.392,89 eurospara que los trabajadores se 'callasen'”.
Sobre el cierre de CIDEMAT
El Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife era un centro de actividades marinas que destinaba sus instalaciones a la iniciación y tecnificación deportiva. En 2020, tras el confinamiento, el Cabildo de Tenerife anunció el cierre de facto de las instalaciones aduciendo, entre otras causas, deficiencias estructurales que amenazabn la seguridad de trabajadores y usuarios en uno de los edificios del conjunto de las instalaciones: el edificio dedicado a actividad administrativa.
Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones de un informe redactado por un arquitecto independiente, las instalaciones del CIDEMAT eran aptas para su funcionamiento porque no se había percibido ni un solo daño estructural significativo.
El Cabildo de Tenerife rechazó reparar las instalaciones
Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias mencionada anteriormente, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, señala que el mantenimiento y la conservación de las instalaciones del CIDEMAT debían ser realizadas por IDECO SA y las reformas y reparaciones de mayor entidad eran responsabilidad del Cabildo de Tenerife.
Además, el comunicado publicado en la web de ATC indica que en el año 2017 el Gobierno de Canarias concedió una subvención para financiar obras de reforma y modernización que hicieran falta en el CIDEMAT pero el cabildo renunció a dicha subvención. La nota afirma que la resolución de cierre de las instalaciones deportivas de la consejera de Deportes, Concepción Rivero, puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa. En su comunicado, los trabajadores explican sus sospechas de que Rivero le habría "regalado" las instalaciones y material a clubs náuticos privados y a la Federación de Vela tras cerrar el CIDEMAT.