El Tribunal Supremo (TS) ha obligado al Ayuntamiento de Arico a devolver 128.300 euros a los promotores del parque eólico La Morra en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Hasta ahora el consistorio y el Cabildo de Tenerife habían ganado los recursos que legitimaba el cobro de este impuesto y de hecho en los tribunales se tramita otro proceso similar que suma 400.000 euros por el mismo motivo.
Canarias sí lo autorizó
La sentencia del Supremo recuerda que el año pasado la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario autorizó este parque situado en la urbanización Jardín del Atlántico, pese a las sentencias judiciales que hasta entonces se habían posicionado a favor del ayuntamiento de Arico.
En concreto, el parque cuenta con tres aerogeneradores de 78 metros de altura y aspas de 92 metros, por lo que los vecinos se han quejado del ruido que producen así como por el efecto parpadeo que genera el movimiento de sus aspas, una de las cuales afecta a las viviendas cercanas.
El TS deja ahora sin efecto una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que daba la razón al Ayuntamiento cuando aprobó la liquidación del ICIO por una modificación del proyecto que se ha concretado desde hace años en la construcción de tres aerogeneradores de 6,3 megavatios, de los ocho inicialmente previstos.
Adaptación del parque al Plan Insular
La cuestión de fondo debatida en los tribunales era determinar si la autorización que otorga el Gobierno autónomo a través de la Ley de regulación del sector eléctrico sustituye la autorización de obras o urbanística que implica el pago del ICIO.
En este caso el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias defendían que la empresa debía pagar esta cantidad por la modificación de la instalación eólica de generación eléctrica.
El proyecto consistía en la adaptación del parque al Plan Insular por parte del Cabildo y el cambio de la línea de evacuación, entre otros aspectos para lo que el Ayuntamiento debía modificar las normas subsidiarias.
El cobro de este impuesto llegó incluso a ser planteado ante el Tribunal Constitucional (TC) en 2021 después de que lo solicitara la constructora y lo aceptara también el Ministerio Fiscal con el fin de determinar la posible inconstitucionalidad de la Ley de Regulación del Sector Eléctrico canario.
Intervención del Constitucional
El TC se pronunció a finales del pasado año y lo hizo para anular un apartado de la ley que ha permitido hasta ahora que los municipios cobren el impuesto a los proyectos energéticos que cuentan con una autorización especial del ejecutivo autónomo por razones de urgencia o excepcional interés. El Constitucional estima que la norma autonómica aprobada en 2011 invade competencias que son exclusivas del Estado sobre tributos municipales.
La Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Arico aprobó la liquidación de este impuesto sobre el parque correspondiente a 2018 y fue entonces cuando surgió la duda de si la autorización otorgada por el Gobierno canario sustituía a la licencia municipal.
La empresa desembolsó la cantidad requerida y los otros 400.000 euros pero acto seguido inició un proceso judicial que ahora en el Supremo se ha puesto a su favor.
Un decreto firmado el 27 de enero del pasado año por el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y por el consejero de Transición Ecológica,José Antonio Valbuena, legitima la ejecución del proyecto modificado y ordena al Cabildo y al Ayuntamiento de Arico a hacer lo preciso para incorporar en sus determinaciones urbanísticas este proyecto eólico.
Planes para ampliar el parque
Fuentes municipales han señalado que desconocen si existen planes para ampliar el parque, dado que en muchas ocasiones se enteran de estas iniciativas a través de la prensa o por los boletines oficiales.
Los informes del Ayuntamiento siempre han sido negativos pero a pesar de ello se acaban ubicando estas instalaciones en suelo municipal.
Desde la Corporación local se recuerda que en concreto la licencia de La Morra fue declarada nula por los tribunales y entonces pidieron que se parara la producción hasta que se cumpliera la sentencia pero no les hicieron caso.