El acusado, C.T.G., será juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas el próximo martes y además de la pena de prisión se enfrenta al pago de una indemnización de 167.367,16 euros
Según la Fiscalía, la acusada se fue ganando la confianza de la presidenta del Consejo porque no vivía en Las Palmas de Gran Canaria para conseguir las claves bancaria para operar por internet
Los abogados del Grupo Santana Cazorla defienden la tesis de que existe un conflicto de intereses con los consejeros sociales que dependen de IFA Canarias
