Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en la paliza que sufrió una persona que estaba de "ocupa" en un chalet en el sur de Tenerife y que los autores de la agresión pretendían explotar en régimen de arrendamiento ilegal, ha informado este viernes la Guardia Civil.
La paliza se produjo el 14 de febrero de este año cuando un varón de 58 años fue agredido con "extrema" violencia en el exterior de un chalet sito en la localidad de Chafoya, en el término municipal de Arona, y como consecuencia de la misma la víctima fue ingresada en estado crítico en un centro hospitalario.
La Guardia Civil indica en un comunicado que dos individuos usaron barras de hierro y palos para consumar la agresión, y explica que los primeros indicios pusieron de relieve que el agredido estaba ocupando un chalet en régimen de "ocupa" y los agresores pretendían forzar su salida del inmueble para tomar posesión ilícita del mismo con el objetivo de explotarlo en régimen de arrendamiento ilegal.
Los investigadores constataron que en la agresión habían participado tres individuos, de forma que mientras uno de los acusados se había introducido en el chalet aprovechando la ausencia de sus moradores y para tomar posesión del mismo, los otros dos permanecían de guardia en el exterior.
Añade la Guardia Civil que tras la llegada de los moradores del inmueble, quienes también lo hacían en régimen de ocupas, los agresores obligaron al intruso a abandonarlo. Sin embargo, "pocos minutos después, al salir al exterior uno de los moradores fue atacado de forma sorpresiva y aprovechando la oscuridad, por dos individuos, quienes le propinaron golpes en partes vitales de su cuerpo con barras de hierro", indica el instituto armado.
El ataque finalizó en el exterior del inmueble "cuando los agresores se dieron a la fuga al percibir la presencia de un segundo morador que acudía en defensa del atacado". Tras la brutal agresión, la víctima tuvo que ser ingresada en estado crítico en un Centro Hospitalario.
La Guardia Civil ha verificado que uno de los agresores controlaba un conjunto de viviendas de la zona sur de la isla, las cuales estaban ocupadas ilegalmente y por las que percibía una media de 300 euros mensuales por vivienda.