El inicio del curso político en nuestro Archipiélago ha estado condicionado por el repunte migratorio de la ruta canaria. Un par de datos sirven para ilustrar la gravedad del asunto, un escenario que demuestra la soledad de las Islas ante la inacción del Estado.
Entre 2020 y 2023, las Islas han recibido a 70.000 migrantes. La cifra casi es el equivalente a la población de La Palma. En lo que va de año, ese número asciende a 14.000; más que toda la gente que vive en El Hierro. Si hablamos de menores, desde la crisis sanitaria provocada por el covid-19, Canarias ha recibido a algo más de 3.000 niños y adolescentes. De esa cantidad, poco más de 300 han sido acogidos por otras comunidades autónomas, síntoma de que el principio de solidaridad que determina nuestra Constitución no acaba de funcionar para afrontar esta realidad.
Ese detalle, el del principio de solidaridad que rige nuestra Constitución, no es algo menor para tratar este problema.
Diferencias
¿Negaría Marlaska la situación de crisis si Madrid recibiera, en un solo fin de semana, cerca de 2.000 personas que llegan de manera irregular? ¿El Ministerio de Transportes retiraría un buque de Salvamento Marítimo de las costas de Cataluña si en un sólo día Barcelona recibiese cinco cayucos con un millar de migrantes en un día? ¿Cuánto tardaría Pedro Sánchez en activar un mando único para hacer frente a este problema si en un mes San Sebastián recibiera a 5.000 hombres y mujeres?
La intervención del Gobierno de España, en esas situaciones, sería la adecuada para afrontar una crisis así. Como también sospecho que Canarias, ante este problema, está sola.