Algunos vecinos del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado que el Gobierno español ha abandonado a los cientos de personas migrantes albergadas en el centro Canarias 50, el antiguo cuartel que actualmente opera como centro de primera acogida y al que el Estado planea consolidar como tal. Lo pusieron de manifiesto este viernes varias decenas de habitantes de este popular barrio de la capital tras la convocatoria del Partido Popular en el Ayuntamiento ante una de las puertas de este espacio de acogida —que en la actualidad tiene capacidad de albergar a 1.600 personas—.
Jimena Delgado, portavoz del PP y diputada nacional, ha pedido que el Canarias 50 deje de ser un centro de acogida para personas migrantes y se convierta en un parque y zona deportiva. Asimismo, el grupo popular critica el "oscurantismo" con el que se ha decidido de esta iniciativa, que supondrá una inversión de unos 19 millones de euros, ha dicho, y que "no se ha consultado ni con el resto de administraciones públicas canarias ni con los vecinos".
¿Inseguridad o seguridad?
Un grupo de vecinos ha aprovechado la ocasión para denunciar ante los medios la "inseguridad" que aseguran sentir con la presencia de personas migrantes en las calles de La Isleta. Afirman que algunos de los usuarios del Canarias 50 "defecan y orinan, se pelean entre ellos, ocupan viviendas y las alquilan a otros, roban, beben, se droga, hay prostitución", lo que les impide deambular con libertad a partir de ciertas horas. Por ejemplo, Raúl Morales, de origen latinoamericano y residente en La Isleta desde hace algunos años, ha asegurado que "es imposible la convivencia" con muchos de los migrantes acogidos en este centro. "No tienen en cuenta los derechos de los vecinos, nos tienen abandonados", apunta. Además, critica que los habitantes del centro pasan el tiempo "en las aceras, en nuestros parques, cerca de nuestras viviendas, no podemos salir", censura.
Aunque la visión de Morales contrasta con la de otros vecinos como Elena Rodríguez, ella ha expresado que el centro de acogida "debe de cumplir unas condiciones que permitan a estas personas vivir en paz, a los vecinos igualmente, pero la solución no es ni ponerlos alejados, en zonas periféricas, ni que vivan gran cantidad de ellos en el mismo lugar". Esta vecina no cree que todos los usuarios de este centro provoquen problemas de convivencia, que ha estimado que pueden darse en su entorno, ya que ella vive desde que nació en este barrio, "el más seguro del mundo", por el que, como sus hijas, transita "a cualquier hora sin que nunca" les haya pasado "absolutamente nada".
Consolidación del centro
El Partido Popular ha anunciado que el grupo exigirá a la alcaldesa, Carolina Darias, "que impida que el Canarias 50 se convierta en un centro permanente de acogida de migrantes y que lo revierta en la ciudad y en el disfrute de los vecinos". Asegura que no lo hacen "por xenofobia o por ir en contra de la inmigración" y ha subrayado que durante los años en que ha operado como tal de forma temporal "se han producido problemas de convivencia" con los vecinos debido, fundamentalmente, a los protocolos que se aplican a sus usuarios, tales como cerrar las puertas a partir de cierta hora, lo que lleva a muchos a tener que pernoctar en la calle.
Los populares consideran que en Las Palmas de Gran Canaria hay otros espacios, como el barrio de El Lasso, "más alejados de las zonas urbanas", donde el Gobierno de España podría ubicar este tipo de centros de primeras llegadas, una decisión que ha de enmarcarse "en una política migratoria" que considera que "no ha existido".