El inicio del curso universitario ha puesto de manifiesto el malestar que hay en las dos universidades públicas canarias por la proliferación de títulos académicos de universidades privadas en las islas. Ya son cuatro (más una en implantación) las universidades privadas que operan en Canarias, y cada vez ofertan más títulos, aprobados por el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y Partido Popular), una situación que, sumada a lo que consideran una infrafinanciación, desde las universidades ven como un agravio a la educación pública universitaria.
El pasado lunes, el Ejecutivo canario aprobó la creación de una nueva facultad en una universidad privada que opera en las islas. Solo tres días antes, en la inauguración del curso académico de la Universidad de La Laguna, su rector, Francisco García, alertó de que la proliferación de universidades privadas puede generar “situaciones indeseables, comprometiendo la equidad y la igualdad de oportunidades, especialmente en titulaciones vinculadas a ciencias de la salud y al ámbito educativo”.
Competencia pero regulada
Si bien García, quien dio su discurso frente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, matizó que la competencia en el mercado regulado es uno de los pilares de una economía sana, aseguró que ya desde “las perspectivas más liberales” se acepta “el mercado no resulta adecuado, por sí solo, para ofertar determinados bienes y servicios, los cuales deben ser provistos o regulados por el Estado”,
El discurso de García fue refrendado por su homólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, en su inauguración del curso académico, donde si bien no se quejó del aumento de la competencia, hizo alusión a cómo esa proliferación de grados de universidades privadas estaba provocando una injerencia en el sistema universitario de las islas y ralentizando la puesta en marcha de nuevos títulos en las públicas.
Ralentización
Para Serra “esto es debido a un procedimiento engorroso, derivado de la falta de adaptación de la normativa canaria a la nacional”, pero también por “el alcance que tiene la Administración canaria para hacer frente a siete universidades, en un momento especialmente complejo de adaptación obligatoria de todas las titulaciones al Real Decreto 822/2021, y al que se suma la llegada de muchos títulos por parte de las dos últimas universidades privadas en incorporarse al sistema universitario canario”, según recoge la propia universidad de su discurso.
Pese al enfrentamiento por parte de los rectores, para la consejera de Universidades, Migdalia Machín, el Gobierno de Canarias no está para decidir si debe haber más universidades privadas o no, sino que debe velar por el cumplimiento de los procedimientos y de los informes, y, en caso de hacerlo, aprobar sus formaciones.
Aumento de la formación
Los datos de 2023 publicados por el Instituto Canario de Estadística reflejan que las matriculaciones en las universidades privadas aumentaron un 713% en cinco años.
Este año el Gobierno de Canarias ha aprobado la creación del Máster Universitario para el Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura y el Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud para la Universidad del Atlántico Medio; el Grado en Biomedicina para la Universidad Europea de Canarias; y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el Máster Universitario en Cirugía e Implantología Oral, el Máster Universitario en Periodoncia e Implantología Oral, el Programa de Doctorado en Investigación multidisciplinar en Psicología del Envejecimiento, Promoción de la Salud e Intervención Centrada en la Persona, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Atlántico Medio.
La quinta universidad privada
En febrero saltaron especialmente las alarmas en el ámbito educativo con la tramitación por parte del Gobierno de Canarias de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (Tech), que posteriormente fue aprobada por el Parlamento autonómico. Esto pese a que el entonces Ministerio de Universidades había emitido un informe muy desfavorable para la Conferencia General de Política Universitaria alertando que solo el 4% de los títulos que ofertaba esa institución eran oficiales.
La tramitación de esta universidad se puso en marcha con la llegada del Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, ya que la anterior titular de Educación, Manuela Armas (PSOE), había rechazado la tramitación, cuestión que le llevó a ser acusada de prevaricación administrativa, cuestión que fue archivada.