El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (USO), Basilio Febles, y su homólogo en las islas, Juan Díaz, piensan que el juicio contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, siempre ha estado contaminado. "Que el juicio está contaminado no hace falta que lo diga él, lo sabe todo el mundo. Por este caso han pasado siete jueces, dos de ellos han estado imputados por la instrucción de este caso. Un juez está cumpliendo prisión, claro que está contaminado, ha estado contaminado desde el principio", ha denunciado Febles durante la rueda de prensa.
Es más, de esta misma causa surgió el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera de Victoria Rosell, que llegó a estar imputada ante el Supremo hasta que, tras un giro, el propio Ramírez entregó a la justicia una grabación en la que Alba le ofrecía beneficios procesales a cambio de que colaborase a cargar varios delitos a la entonces diputada de Podemos. Rosell salió exonerada de todas las acusaciones que se plantearon contra ella, mientras que Alba perdió su condición de juez y cumple desde el 18 de octubre de 2022 una condena de seis años y medio de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental.
A partir del 4 de julio la Fiscalía, Seguridad Social, Hacienda y el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) intentarán demostrar que Ramírez y Héctor de Armas recurrieron a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados y que se articularon con la excusa de superar la crisis económica de 2008. Las cuatro acusaciones del caso sostienen que, en realidad, esas maniobras de Seguridad Integral Canaria buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores".
Once años desde la primera denuncia
Basilio Febles aseguró que el proceso de llevar hasta el banquillo a Ramírez ha sido duro. "Llevamos con este tema muchísimo tiempo. Ha sido un proceso bastante duro para nosotros porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado solos, sobre todo al principio cuando los políticos no nos hacían caso", criticó.
Febles asegura que la intención del empresario era desde el principio, defraudar. "Desde el minuto uno que se constituyó Seguridad Integral Canarias (SIC) lo hizo con un plan premeditado para defraudar a la Hacienda Pública, para defraudar a la Seguridad Social, pero sobre todo para defraudar y someter a sus empleados a unas condiciones de trabajo inhumanas y que ya en los años que estamos son del todo inaceptables".
Divididos
USO también ha hablado del papel de Héctor Armas, para el que la acusación pública pide 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa. De Armas fue la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de la firma de seguridad privada en 2011, en un movimiento que la fiscal del caso cree una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91% de la compañía.
Desdel el punto de vista de USO "Miguel Ángel Ramírez ha intentado cargar toda la culpa en su administrador, en su apoderado, que no ha sido otra cosa que el tonto útil que ha utilizado para intentar salirse de rositas".
El papel de los políticos
En USO también han caído críticas para las administraciones y los políticos. "No puede ser que una empresa que defraude a Hacienda, que defraude a la Seguridad Social y que no le pague a los trabajadores tenga el 80% de la facturación de la seguridad privada de Canarias, de los cabildos insulares, de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias porque es un tema que tiene bastante tela", denuncian.
Basilio Febles también quiso lanzar un mensaje para la Administración, a quien le pidió "que los contratos públicos se hagan con un criterio de calidad y no solo con el criterio del precio más bajo, se lo dan, se lavan las manos y ya este señor verá con su empresa" y añadió que "todo esto se debe a la omisión y apoyo de los políticos. Con José Manuel Soria la empresa dio el salto a Madrid y cogió servicios importantes. En un año cogió Metro, Defensa, palacios reales. En dos años pasó de tener 2.200 trabajadores en Canarias a cinco mil que llegó a tener en todo el estado español".
Las consecuencias del fraude
El secretario general de FTSP asegura que las empresas ya no tienen actividad empresarial y que esto tiene graves repercusiones en el sector. "A partir de 2021 sale una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde los responsables de pagar las deudas a los trabajadores y Seguridad Social es la empresa que entra nueva. Estos servicios de SIC y de Sinergias —otra empresa con indicios de estar dirigida en la sombra por Miguel Ángel Ramírez— se han perdido porque ninguna empresa quiere acceder y hacerse cargo de la deuda que antes pagaba el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y ahora tenemos un lío en el sector bastante importante".
Un ejemplo es el servicio que tenia SIC "en las prisiones en Castilla-La Mancha, que ahora lleva la Guardia Civil porque ninguna empresa se quiere hacer cargo de ese servicio".
Un escarmiento
Para Febles, el hecho de llevar al empresario al banquillo es una satisfacción pero que finalmente vaya o no a la cárcel, asegura, no les importa. "Pero entendemos que tenemos que pedir justicia para que si todos estos hechos son verdad, los que denunciamos nosotros más los incorporados por Hacienda y Seguridad Social, que no se vuelva a repetir".
Desde USO celebran la llegada del juicio después de más de una década de lucha contra las supuestas malas acciones del empresario, pero creen que "todavía quedan muchos interrogantes por resolver, muchos de ellos saldrán a la luz en otros juicios y en otras denuncias". Mientras tanto, el sindicato que puso en marcha con su denuncia la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa por el supuesto fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2009 y 2017.