El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha accedido a suspender el nuevo protocolo para acoger a menores no acompañados aprobado por el Gobierno de Canarias. Este viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reunió para decidir sobre la suspensión cautelar y de forma urgente del nuevo protocolo, que ha sido duramente criticado por no primar la seguridad de los menores que no llegan acompañados. Ahora el Gobierno de Canarias tendrá tres días para presentar alegaciones al auto.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no entra en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del protocolo pero entiende que concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada por la Fiscalía, es decir, la suspención del protocolo sin escuchar los argumentos del Ejecutivo.
Petición de la Fiscalía
Este protocolo implica una mayor burocracia previa a la acogida de los menores que llegan solos y de forma irregular a las islas, ante lo que la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, presentó el miércoles un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, a la que solicitaba la suspensión el protocolo como "medida cautelarísima", lo que implicaba no escuchar los argumentos del Ejecutivo.
La Fiscalía considera que el nuevo procedimiento aprobado por el Gobierno de Canarias vulnera la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño y, en la práctica, "supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad". Según recoge el auto del TSJC con este protocolo “quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional".
La decisión del TSJC
El auto insiste en que “no es momento” de pronunciarse sobre el ajuste a la legalidad de la resolución impugnada” sino si concurre la urgencia para la suspensión cautelarísima del protocolo.
“No se incluye entre las disposiciones incorporadas al Protocolo Territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia (o entrada en vigor) de las actuaciones dispuestas por el mismo”, apunta el auto, ante lo que señala que “nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del Protocolo”.
Recuerda el documento que el protocolo “produce una innovación no poco relevante del régimen jurídico actualmente en vigor” y aunque el Gobierno de Canarias aduce a los propios derechos de los menores “resulta difícil negar que la necesidad de observar tales actuaciones puede comprometer sin demasiada dificultad la entrega inmediata y recepción de dichos menores a las autoridades autonómicas que tienen confiado su cuidado”.
Por esta razón, la Sala aconseja mantener el status quo previo a la aprobación del protocolo. “No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del Protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores”.
El protocolo
Este nuevo protocolo se armó desde la idea de que el Estado es el primero en auxiliar a las personas rescatadas en alta mar y en darles una primera atención, por lo que cuando entre las personas rescatadas hay menores no acompañados, es la Policía Nacional quien tienen que elaborar una serie de informes para que la tutela recaiga en la comunidad autónoma, quien tiene la competencia en la atención a los menores
El protocolo obliga a que antes de la acogida por parte de la comunidad, los menores deberán tener una reseña de identificación, su inscripción en el RMENA si constase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal, y un acto formal de entrega con documentación individualizada.