El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha accedido a la petición del abogado del Estado que representa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de suspender cautelarmente una orden dada por el Gobierno de Canarias el 26 de mayo que autorizó obras en el hotel y apartamentos Oliva Beach —ambos en el dominio público marítimo terrestre de Fuerteventura—.
El abogado del Estado, en consonancia con lo siempre expuesto por el propio Ministerio, pidió la paralización de dichas obras porque, "si se ejecutan, supone una consolidación de actuaciones ilegales, por carecer de competencia la administración que las ha autorizado, y por suponer una alteración de los usos y superficies otorgados en la concesión, apelando, finalmente, al que el desarrollo de las obras en un frágil espacio natural como son las playas y las dunas enclavadas, en este caso, en un parque natural, puede acarrear un impacto directo sobre la costa por el acceso de maquinaria pesada, la generación de escombros, ruidos y vibraciones que pueden perjudicar a la fauna", expone el auto.
Pulso
El 26 de mayo de 2023 el Ejecutivo canario, aún en manos de Ángel Víctor Torres, autorizó la renovación del hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, "por ser un acto de justicia y por la relevancia socioeconómica para el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo en el norte de la isla majorera". El Estado, por otro lado, ya había abierto la vía para su derribo tras la caducidad del permiso que permite a este hotel ocupar parte de las dunas de Corralejo.
En este nuevo capítulo, el TSJC ha dado la razón al abogado del Estado "en que la medida solicitada se revela como necesaria para garantizar el efecto útil de la sentencia y la finalidad del recurso interpuesto, pues de acometerse las obras de transformación de las edificaciones existentes, respecto de las que la autorización impugnada constituye la antesala, sería prácticamente imposible reponer las mismas a su estado anterior en caso de dictarse una eventual sentencia estimatoria". En conclusión, las obras en el hotel no se van a poder llevar a cabo porque, en caso de desarrollarlas, el entorno no volvería a ser el mismo tras ellas.
Oposición
A lo anterior se opuso el Gobierno de Canarias, aduciendo que no se prueba "qué daños y perjuicios de imposible reparación provoca directamente la autorización, máxime cuando la misma no es ejecutiva de manera inmediata, y que las obras autorizadas implican obras de reforma y modernización de edificaciones preexistentes". Además, el Gobierno autonómico defiende que está acreditado que estos trabajos "no suponen un aumento de volumen, superficie, ni altura de las edificaciones por lo que se ajustan a la Orden Ministerial, a lo que hay sumar que no se encuentran dentro de ningún espacio natural protegido".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ahonda en que los trabajos, concretamente los previstos en el complejo de apartamentos, "no se limitan a una mera reforma interior o mejora de las instalaciones", sino que se propone el derribo de hasta 24 apartamentos. Al mismo tiempo, rechaza los argumentos esgrimidos por el Gobierno canario en cuanto a la lesión de intereses públicos y privados: "Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de unas obras que aun no han sido iniciadas, y que ni tan siquiera consta que hayan sido legitimadas por el Ayuntamiento mediante la concesión de licencia municipal de obras"