El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha expresado este viernes su preocupación por el reciente recorte de las medidas de refuerzo asignadas a las islas por parte del Ministerio, ya que casi un 60 % de los juzgados sobrepasa la carga establecida en cuanto a la entrada de asuntos. En una rueda de prensa para presentar la Memoria Judicial de 2022, Lorenzo ha indicado que estos recortes incluso implican la supresión de refuerzos ya asignados a los juzgados más saturados.
Ha informado de que la resolución del Ministerio de Justicia del pasado 16 de junio obedece a problemas presupuestarios, según les han comunicado, y afecta a juzgados de localidades como Telde y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y Arona, Granadilla y Santa Cruz, en Tenerife, entre otros y será analizada este viernes por la Sala de Gobierno del TSJC.
Según el estudio efectuado y que recoge la Memoria, de los 211 órganos judiciales de las islas, 124, es decir el 58,7 %, supera el listón de carga de trabajo (indicador del 130 %) a partir del cual el Ministerio de Justicia ve adecuado crear nuevas unidades, por lo que ha considerado "impactante" la cifra.
'caso Emalsa'
Lorenzo, ha lamentado este viernes que el juicio del caso Emalsa tenga que esperar hasta octubre de 2024 para celebrarse y ha explicado que ello se debe a la "carga de trabajo que suportan muchos de los juzgados de este territorio".
La Audiencia de Las Palmas juzgará a partir del 1 de octubre de 2024 y a lo largo de todo el mes a los quince directivos de los socios privados de la Empresa de Suministro de Agua de Las Palmas a los que la Fiscalía de Delitos Económicos acusa de apropiación indebida o administración desleal, cargos por los que se enfrentan hasta seis años de prisión y multas de hasta 46 millones de euros. La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas acusa a esos 15 directivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la sociedad de aguas de la capital grancanaria, a través de una serie de contratos que considera adjudicados por un precio superior al real.
Por secciones
Ha dicho que es "especialmente preocupante" la situación de sobrecarga de trabajo en los juzgados civiles, donde la entrada de asuntos supera el 190% y en cinco partidos se supera más del 200%, aunque los juzgados de los Mercantil sobrepasan el 170 % del módulo teórico, y los de lo Social, el 160%. Las secciones civiles de las audiencias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas también presentan unas cifras preocupantes, ha añadido Lorenzo, al superar el 190% y el 213% , respectivamente, del módulo fijado en la entrada de asuntos.
En lo que se refiere al TSJC, ha hecho hincapié en la carga de trabajo de la Sala de lo Social, mayor en la sede de Santa Cruz de Tenerife, al llegar a más del 150 % de los asuntos de entrada establecidos, que en la de Las Palmas, que ha cifrado en un 136 % superior a lo fijado. Lorenzo ha informado de que este año se han solicitado 20 nuevas unidades judiciales y calcula que a lo sumo se podrán conseguir 10, pero la realidad es que serían necesarias unas 40 dada la situación de los juzgados canarios, ha recalcado.
Ha recordado también que el pasado año se crearon cinco juzgados en las islas pero se constituyeron tres, y que en la Memoria de 2022 se han considerado como "acuciantes" la creación de otros 10. El presidente del TSJC ha remarcado que las necesidades de estos órganos no pueden depender de una regla proporcional en atención a la población de derecho en los territorios, una fórmula que ha calificado de "simplista", pues, a su juicio, deben responder también a la tasa de ligitiosidad, a las especificidades de cada comunidad y, en el caso de Canarias, al hecho insular.