La reunión que estaba convocada para este viernes con el objetivo de debatir sobre la gestión de las ambulancias en Canarias y el preaviso de huelga que habían anunciado los sindicatos ha quedado aplazada por el Tribunal Laboral Canario —órgano que la había convocado—. Las organizaciones empresariales reseñaron antes de comenzar que no habían recibido la documentación con el argumentario de los agentes sociales, quienes solicitan que la gestión dependa del Gobierno regional y no de empresas privadas. La nueva fecha que se ha puesto sobre la mesa es el próximo 5 de mayo.
La sede del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) en Las Palmas de Gran Canaria iba a ser el escenario de un encuentro clave para los trabajadores de las ambulancias de las Islas y las compañías concesionarias del servicio. Según ha podido saber este medio, también estuvo presente una persona en representación de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.
Pedro Moreno, portavoz del comité de huelga de Comisiones Obreras (CCOO) asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que el motivo para reunirse es "rescatar el servicio público" de estos vehículos sanitarios. Moreno señala que el aplazamiento es entendible porque el contenido de los documentos es importante y no tenerlos "genera indefensión".
Retirar las concesiones
La razón de ser de la huelga es exigir al Ejecutivo autonómico que asuma la gestión de las ambulancias y retire las concesiones privadas ante lo que consideran un reiterado incumplimiento del pliego de condiciones por parte de las compañías.
En un primer momento, se había convocado el parón laboral para el 1 de abril, pero a finales de marzo decidió aplazarse por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, atendiendo la demanda de otras organizaciones sindicales.
Los incumplimientos
Los sindicatos denuncian incumplimientos en aspectos como el número de vehículos contratados y el personal asignado a los mismos, los uniformes y que las bases de trabajo no están acondicionadas según la normativa. CCOO dijo en febrero a este periódico que "estas irregularidades se extienden al ámbito laboral, como salarios por debajo de las actuales tablas salariales del III Convenio Colectivo para la Comunidad Autónoma, la contratación precaria abusando de los contratos en prácticas y temporales o la extensión de la jornada laboral con incumplimientos de los descansos".
Asimismo, no se están abonando conceptos como dietas y horas extraordinarias, proseguía la organización sindical que, como ejemplos, indica que en La Gomera y El Hierro las empresas "coaccionan" a los trabajadores para que abaraten el coste de sus horas extras hasta en un 50% o intentan "descolgarse" del convenio por cuestiones económicas aún sabiendo que esto es motivo para rescindir el contrato por parte de la administración.
Jornada laboral
En el caso de la empresa que presta el servicio en Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, según CCOO, se supera la jornada laboral mensual de los trabajadores por encima de las 160 horas que marca el convenio en vigor, con el fin de aumentar los beneficios empresariales "ahorrándose puestos de trabajo que son pagados por parte de la administración con dinero público".
En el caso de Gran Canaria, las dos adjudicatarias "no se quedan atrás ya que, con medidas coactivas hacia los trabajadores, interpretan según su conveniencia el convenio en vigor e incumplen con los pliegos concursales", continúa el sindicato, que asegura que no se abonan conceptos salariales como dietas, tablas salariales y se efectúan interpretaciones del pago de festividades distintas a lo marcado en el convenio.
Tenerife y La Palma
En Tenerife y La Palma, al tratarse de la misma empresa, los sindicatos encuentran las mismas pautas de actuación, con puestos de trabajo estructurales cubiertos por contratos temporales, irregularidades en materia de contratación, abusos del contrato en prácticas, falta de uniformes, bases no acondicionadas, solapamiento de vehículos contratados y dotación incompleta de los mismos.
Toda esta situación ha sido acreditada por FSC-CCOO, sindicato mayoritario en este sector, en tres informes presentados a los grupos parlamentarios, al consejero de Sanidad y a la directora del Servicio Canario de la Salud, concluye la organización sindical.