El departamento primero del Tribunal de Cuentas ha comunicado al Servicio Canario de la Salud (SCS) la apertura del procedimiento de reintegro por alcance, por el caso Mascarillas, a petición del fiscal. Con esta comunicación, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el órgano de control –siguiendo instrucciones del fiscal– mantiene abierta la investigación por una posible gestión dolosa del dinero público y la posibilidad de iniciar un proceso para recuperarlo contra los supuestos negligentes. El SCS asegura que no tienen constancia de que les haya llegado la mencionada comunicación.
En el caso Mascarillas, está siendo investigados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez y Ana María Pérez, ex directora de Recursos Económicos del SCS, ambos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
Un empresario investigado
También está siendo investigado el empresario Rayco González, dueño de la empresa RR7, que era la encargada de traer las mascarillas, por estafa y blanqueo de capitales. Los investigadores creen que Rayco González, después de cobrar los cuatro millones de euros del SCS, trató de esconder 1,35 millones de euros.
Para ello presuntamente utilizó dos empresas: Yimbo 7 Inversiones SL, que está a nombre de su primo (con la que adquirió en Milán tres Lamborghini, un Bentley y un Mercedes a cambio de 742.000 euros); y Berabemar 2017 SL, en la que aparece su madre. La querella de la Fiscalía Anticorrupción califica los movimientos bancarios como "simuladas operaciones de préstamos societarios a empresas que están bajo su dominio", aunque Rayco insistió ante el juez en que eran préstamos reales que se iban a devolver.