El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias para evitar que el Hotel Oliva Beach, ubicado en Corralejo (La Oliva, Fuerteventura), sea derribado como ordenó el pasado mes de febrero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este martes la resolución emitida el pasado 2 de julio por la institución que preside Cándido Conde-Pumpido. En el texto, da el visto bueno al conflicto positivo que promovió el Ejecutivo regional después de que la ministra Teresa Ribera considerara oportuno que el complejo hotelero tuviera que ser demolido.
El origen
La decisión estatal se produjo el 27 de febrero, cuando se declaró la caducidad de la concesión otorgada en el año 2003 a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para ocupar y aprovechar el dominio público. Todo al amparo de la Ley de Costas del 28 de julio de 1988.
El asunto también afecta a los Apartamentos Oliva Beach incluidos en el dominio público marítimo terrestre. Volviendo al recurso, lo que el Gobierno canario no se tomó nada bien fue que, bajo su punto de vista, el Ministerio no tenía competencia legal para determinar que las instalaciones fuera derribadas.
Reacción del Gobierno
El director general de Costas del Gobierno autonómico, Antonio Acosta, se mostró este martes muy satisfecho con la decisión del Constitucional. A pregunta de Atlántico Hoy después de que se reuniera, junto al consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, con los afectados por la Ley de Costas, exclamó que es "un éxito" del trabajo que está haciendo el Ejecutivo. Un proceso, dijo, encaminado a garantizar esa situación de reclamación del modo canario de ver el litoral.
"Tenemos que hacer entender que nuestra defensa es única y exclusivamente la de los intereses canarios. Vamos a usar todas las vías necesarias para que se nos entienda desde Madrid y que se comprenda que las competencias están transferidas. Tenemos que basar la relación en el entendimiento", aseguró.
"Injerencia directa"
En su momento, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, apuntó que era la primera vez que se daba una injerencia directa en las competencias en materia de costas del Gobierno autonómico.
La comunidad autónoma considera que el las Islas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, ostentan la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica De León, también aprovechó hace unos meses para pronunciarse. No comprende "que el Estado siga disputando la competencia". "Tendrá que ser el Constitucional el que diga quién es el competente para resolver la concesiones en el dominio público marítimo terrestre", espetó.