Tres guardias civiles (un capitán, un cabo y un guardia) destinados en la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife están siendo investigados por presuntas amenazas, coacciones, un delito contra la integridad moral, falsedad documental, lesiones, prevaricación administrativa y por la omisión del deber de perseguir delitos.
La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 1, de Santa Cruz de Tenerife y la presentó una empresaria cuya actividad es la de la prestación de servicios de Seguridad Privada. Los hechos comenzaron con la llegada del nuevo Interventor de Armas y Explosivos en Santa Cruz de Tenerife. La empresaria lleva ejerciendo su trabajo desde hace más de 30 años sin que hasta ese momento se conocieran discrepancias con dicha Intervención de Armas ni sanciones administrativas por infracciones.
Sanción de 30.000 euros
Con motivo de la adjudicación de una obra (UTE anillo insular), a la empresa que la querellante representa, se originaron una serie de hechos que dieron origen a la querella presentada. Presuntamente la empresaria sufrió acoso laboral, lo que le ha producido lesiones, así como los supuestos delitos que en este momento se encuentran en investigación en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.
El capitán Interventor de Armas solicitó en numerosas ocasiones una reunión informal con la querellante. Ante la negativa de la empresaria, sufrió supuestamente acoso laboral, consistente en denuncias sin fundamentos, actitudes contrarias a derecho y amenazas de denuncias por hechos injustificados. Incluso llegó a ser denunciada por una infracción muy grave a la Ley de Seguridad Privada, lo que le acarreó una sanción de 30.001 euros. La sanción fue recurrida y el resultado final fue su archivo al no apreciarse infracción alguna.
Manipulación de su firma
El presunto acoso laboral contra la empresa de la denunciante continuó. Entre los muchos hechos denunciados destaca que le solicitaban a los vigilantes de seguridad documentos que no eran obligatorios para el desempeño de sus funciones y que tampoco tenían obligación de portarlo, además los amenazaron con denunciarlos. Ante esta situación de permanente acoso y derribo por parte de los querellados, algunos vigilantes de seguridad le comunicaron a la empresaria su intención de dejar el trabajo. En otro momento, los guardias civiles le solicitaron a la empresaria documentos que no eran obligatorios, exigiendo su presentación hasta en cinco ocasiones e incluso acercándose a su casa. En la querella también se hace alusión a la manipulación de la firma de la empresaria por parte de los guardias.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha manifestado en relación a esta denuncia. ”Nos resulta extraño que después de todo el tiempo que estos guardias llevan investigados y los delitos que se les imputan, no se les haya cesado en sus funciones. La Asociación cree en la justicia y en la presunción de inocencia, pero si son culpables deberá caer sobre ellos todo el peso de la ley”, detalló un portavoz a Atlántico Hoy.