La Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto tres años de prisión al intermediario inmobiliario de Lifer por apropiación indebida del dinero de los compradores de una vivienda. Julio César Díez Merino, de 75 años de edad y que en el momento de los hechos era la pareja de la administradora de Lifer, fue acusado de un delito de apropiación indebida por quedarse un cheque de 147.500 euros tras participar como intermediario en la venta de un piso ubicado en la calle Alcalde José Yanez Matos, de la localidad de San Bartolomé de Tirajana.
Díez Merino ha sido condenado finalmente a tres años de cárcel por apropiación indebida y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de ocho meses con cuota diaria de seis euros. Además deberá abonar la mitad de las costas procesales, incluyendo las de la acusación, según establece la sentencia. El acusado tendrá que indemnizar con 125.250 euros al matrimonio afectado. La sentencia considera irrelevante el condenado era o no el administrador o apoderado de la empresa, cosa que negó durante el juicio, pero sí afirma que a la vista de las pruebas es evidente que gestionaba la empresa.
Un delito de 2007
El 4 de mayo de 2007, un matrimonio se acercó a la oficina que en esa época la inmobiliaria Lifer tenía en el barrio del Puerto-Canteras de Las Palmas de Gran Canaria para vender un piso de su propiedad. “Habíamos dejado la llave días antes a una agente para que vendieran la casa y se vendió pronto. Nos avisaron para firmar la venta y fuimos. Nos atendió siempre Pedro (alias que presuntamente usaba el acusado, para evitar ser reconocido). Se quedó con el cheque porque decía que tenía que arreglar una documentación con el Ministerio de Vivienda. Nos robó los ahorros de toda nuestra vida y los estudios de mis hijos”, declaró la propietaria en el juicio.
En esos mismos términos se manifestó también su marido. “Nos citó en el despacho y se firmó el contrato de compra-venta privado. Nos recibió él, nos dijo que era el dueño y que se encargaría de tramitar toda la documentación, pero que el dinero se quedaba en depósito”, aseguró el hombre. “Desde entonces he perdido el pelo, tengo sarpullidos por todos lados y no puedo dormir”, relató la presunta víctima.
El piso se entregó ese día porque la inmobiliaria tenía la llave que se utilizaba para enseñar la vivienda y se la dieron a la compradora, que efectuó el pago de los 147.500 por la casa. Pasado un tiempo, la pareja recibió un talón de 20.000 euros que no pudo cobrar porque carecía de fondos. Aun así, no cesó en su empeño y, tras interponer una primera denuncia, fue llamada de nuevo al despacho del acusado, que le entregó 20.000 euros en efectivo. Ahora, la Audiencia Provincial ha sentenciado a Julio César Díez Merino a tres años de prisión.