El Gobierno de España trasladó a casi 30.000 migrantes de Canarias a la Península el año pasado

Las cifras fueron aportadas por el Gobierno de España el pasado 22 de febrero tras una pregunta escrita formulada por varios diputados del Partido Popular (PP) en el Congreso

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Foto de un cayuco con 101 inmigrantes a bordo llegado el 29 de abril a Los Cristianos (Tenerife) / EFE - Alberto Valdés
Foto de un cayuco con 101 inmigrantes a bordo llegado el 29 de abril a Los Cristianos (Tenerife) / EFE - Alberto Valdés

La llegada masiva de migrantes es un problema para Canarias desde hace tiempo. Los escasos recursos para atender a quienes desembarcan en las costas del Archipiélago supone uno de los mayores quebraderos de cabeza para el Gobierno regional de turno —Ángel Víctor Torres (PSOE) vivió la crisis de 2020 cuando el muelle de Arguineguín se saturó, mientras que desde el año pasado se debe hacer cargo el equipo de Fernando Clavijo (CC)—. Derivar una parte al resto de comunidades autónomas puede ser un alivio y, según datos estatales, en 2023 fueron trasladadas 29.000 personas que habían llegado en pateras o cayucos.

Las cifras fueron aportadas por el Ejecutivo nacional el pasado 22 de febrero tras una pregunta formulada por varios diputados del Partido Popular (PP) en el Congreso. El texto consultado por Atlántico Hoy expone que la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM) es quien desarrolla la política en materia de extranjería, inmigración y emigración. “Dependiente de esta, la Dirección General de Atención Humanitaria es el órgano competente para la planificación, desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, así como para la coordinación y planificación de actuaciones de intervención urgente ante situaciones de carácter excepcional”, agrega.

Una ruta sin precedentes

En una respuesta parlamentaria anterior, del 12 de diciembre de 2023, el equipo de Pedro Sánchez detalla a las populares Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez que a partir del mes de septiembre “se registró una activación de la ruta migratoria canaria sin precedentes”. Indica que la llegada de personas migrantes a través de este recorrido experimentó un aumento exponencial en el mes de octubre, cuando el número ascendió a un total de 15.194. Además, pone sobre la mesa que como consecuencia se atendió las necesidades básicas de los que arribaron a las Islas mediante un programa de atención humanitaria. 

Manifiesta que las medidas se han acompañado de una mayor rapidez en los traslados realizados a los recursos situados en la Península a la vez que trabajaron para aumentar el crédito  presupuestario. Pretendían, sobre todo, apoyar a todo el que carecía de recursos para que adquirieran “autonomía e integración en la sociedad española”. 

Imagen de migrantes recién llegados / EFE - Gelmert Finol
Imagen de migrantes recién llegados / EFE - Gelmert Finol

Red de recursos

Tampoco olvida remarcar que “el Sistema cuenta con una red de recursos, servicios y actuaciones de acogida que se despliegan en el marco de un itinerario de integración individualizado, consensuado entre los profesionales del Sistema y los propios destinatarios”, apostilla.

En la contestación de febrero declara que para llevar a cabo las funciones indicadas, se dispone de una red de recursos y capacidades tanto de atención como de acogida, gestionados directamente a través de centros públicos o indirectamente con entidades del tercer sector autorizadas a prestar servicios mediante acción concertada por todo el territorio nacional. 

Comunidades

En la Comunidad Valenciana crearon un total de 302, en Castilla La Mancha 80, en la Región de Murcia superaron el centenar con 105 y en Andalucía se sobrepasó el millar con 1.395. Se da la circunstancia, teniendo en cuenta las idas y venidas de PP y Vox con el tema de la migración, que en todas hay gobiernos de derechas excepto en Castilla La Mancha donde está al mando el socialista Emiliano García Page.

Los puntos donde no se abrieron nuevas plazas fueron Baleares y la ciudad autónoma de Melilla. Por otra parte, expresa que “se mantiene una coordinación permanente con el conjunto de Administraciones públicas y entidades no gubernamentales que colaboran en la gestión migratoria”.