El Comisionado de Transparencia del Archipiélago ha emitido una serie de resoluciones a las que ha tenido acceso Atlántico Hoy con un vínculo muy fuerte al día del trabajador que se conmemora este miércoles: la prevención de riesgos laborales. Una de las prioridades en cualquier empleo para que la plantilla desarrolle sus funciones con tranquilidad y sin peligro. El organismo ha recriminado en diferentes documentos que el Servicio Canario de la Salud (SCS) no haya facilitado información a un particular que la pidió sobre las evaluaciones que se han realizado.
Uno de los textos es en referencia a las que se hayan llevado a cabo en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria (CHUIMI). En la solicitud se pedían todos los datos como las fechas o quiénes fueron los encargados de ejecutarlas –si fue un servicio ajeno o propio– desde el año 2012 hasta la actualidad –se realizó en 2022–. Además, mostraba interés por conocer el contenido de los contratos.
Copia de los contratos
El director gerente del complejo hospitalario resolvió conceder la información el 29 de marzo del año pasado desgranando los distintos servicios como, por ejemplo, el de urgencias ginecológicas o pediátricas. Aunque, al parecer, no comunicó de las licitaciones de las evaluaciones realizadas por servicios de prevención ajenos ni se entregó copia de los contratos.
Transparencia insta ahora a la Consejería de Sanidad –la resolución tiene fecha del pasado 22 de abril– a que haga entrega al reclamante en el plazo de 15 días la documentación solicitada “que, existiendo, no ha sido facilitada”. También le requiere un calco que demuestre haber cumplido y le recuerda que incumplir con la obligación se enfrenta a sanciones muy graves.
Riesgo psicosocial
El 21 de marzo de 2022, el mismo solicitante quiso saber acerca de las evaluaciones de riesgo psicosocial realizadas en el Servicio de Urología del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. De nuevo, mostró interés por la contratación y con la intención de saber los mismos datos que en la vez anterior, pero sobre el nuevo tema. No hubo respuesta y se requirió a la Consejería que se pronunciara un año después.
“A la fecha de emisión de esta resolución por parte de la entidad reclamada no se ha remitido expediente alguno, no se han realizado alegaciones respecto de esta reclamación ni se ha aportado documentación acreditativa de haber dado respuesta al ahora reclamante”, recoge el texto de hace tan solo unos días.
Sin respuesta
El tema no queda ahí porque el Comisionado no tiene muy claro cómo actuar: “Al no contestar la Consejería de Sanidad la solicitud de información ni dar respuesta a los trámites de audiencia del procedimiento de reclamación, no remitir el expediente de acceso requerido por este Comisionado ni presentar alegación alguna, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión”.
La Ley de Transparencia y de acceso a la información pública recoge en su artículo 68 que “el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública” lleva aparejado una infracción grave, así como, entre otros, la negativa reiterada a hacerlo. Eso sí, peor será si no se facilita lo pedido más de tres veces en un periodo de dos años.
Valoraciones médicas
Otro de los requerimientos que ha hecho el Comisionado al Área que dirige Esther Monzón tuvo lugar el pasado 16 de enero, cuando la persona que solicitó las medidas de prevención y riesgos laborales en el Insular y Materno-Infantil no las había recibido. Tenía que ver con las valoraciones médicas a los trabajadores o la temperatura media en una determinada planta del hospital.
Le fue denegada en su momento bajo el discurso de que la información referida "tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes,comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.
"Argumento falsario"
La respuesta del Comisionado es contundente: “Este argumento resulta falsario, por cuanto la información, en el formato referido, es una información básica referida a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, y el no disponer de la misma en dicho formato incumpliría la normativa. Lo llamativo es que vuelve a ser una solicitud que tiene ya dos años a sus espaldas.
El 27 de noviembre de 2023 volvió a haber una nueva resolución donde se pide a la Consejería de Sanidad que facilite los informes sobre las evaluaciones de riesgos psicosociales y actividades preventivas del CHUIMI. Ahora bien, ¿qué ocurrió para que no llegara a buen puerto? El 17 de mayo de 2022, la directora gerente del complejo hospitalario lo inadmitió por “la reelaboración y el carácter abusivo de la solicitud”.
Arreglarlo en dos semanas
El 11 de agosto se le preguntó por qué no había sido posible cumplir con la petición y “a la fecha de emisión de esta resolución por parte del CHUIMI no se ha dado respuesta a este segundo trámite de audiencia”. Merece la pena resaltar que el Comisionado de Transparencia no termina de entender la razón para considerar abusiva la solicitud ni tampoco ha recibido un argumentario que lo defienda.
En todas las resoluciones hay un denominador común: se insta al Servicio Canario de la Salud que lo arregle en dos semanas, así como que “cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública, resolviendo las peticiones de información que le formulen”.