Los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) continúan denunciando que el Gobierno canario pretende privatizar el banco de sangre.
''La misión del ICHH es promover la donación de sangre de manera voluntaria, altruista y responsable. Pero todo esto podría cambiar si lo privatizan. El ejecutivo autonómico ya lo ha intentado hasta en dos ocasiones y no vamos a permitirlo'', explican en una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org.
Asimismo aseguran que este intentó de privatización se dio en 2019 al comienzo de la legislatura del actual Gobierno, ''cuando incluyó subrepticiamente el cambio de personalidad jurídica del Instituto en la votación parlamentaria de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Canaria''. Por su parte, desde la Consejería de Sanidad insisten a Atlántico Hoy que no hay ningún proyecto para privatizar el banco de sangre y recuerda que se ha llegado a un acuerdo para el proceso de estabilización de 136 trabajadores.
Manifestación en mayo
El pasado mes de mayo, los trabajadores se manifestaban ''por la externalización del servicio y la falta de interés en la estabilización de sus contratos'' a pesar de la ley para estabilización para reducir la temporalidad. En julio el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, firmó un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga del Instituto y con el representante de Comisiones Obreras, Pedro Costeras, el cual aseguraban que no se había cumplido.
El pasado 28 de noviembre, el ICHH alcanzaba con los comités de empresa, tanto de la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, un acuerdo sobre los procesos de estabilización de su personal que permitirá estabilizar a un total de 136 trabajadores. Dicho acuerdo fue firmado por la presidenta del ICHH, Teresa Gutiérrez Izquierdo y los presidentes de los comités de empresa de Las Palmas, Sandra Sosa Ojeda, y de Santa Cruz de Tenerife, Daniel Quintero Martín.
Según informaba este domingo el diario Público, este acuerdo está a la espera de resolución judicial. "La firma del acuerdo no implica que estemos conformes, solo nos preparamos para el supuesto en el que los juzgados no nos den la razón", señalaba el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Pedro Costeras.