La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha respaldado la decisión de la empresa concesionaria del servicio de grúas de Arona de despedir a uno de sus operarios, que trabajaba en el depósito municipal, por vender piezas de los vehículos custodiados.
El operario fue despedido por una falta considerada “muy grave”. Se le acusó de haber vendido una motocicleta que había sido requisada en marzo de 2021 y que, al no haber sido reclamada en septiembre, se ordenó su traslado al desguace, junto con otros vehículos.
No era un caso aislado
El TSJC considera procedente el despido al concluir con que no se trata de un caso aislado y que, aunque lo fuera, bastaría para destruir la confianza entre la empresa y determinar que el operario sería responsable de lo ocurrido, tanto si actuó de forma activa como pasiva.
En este caso concreto, las grabaciones de las cámaras de seguridad demostraron que el hombre abrió la valla para que entrara una furgoneta que se llevó la moto, pese a saber que los vehículos no pueden salir del recinto de esta manera y que su obligación es custodiarlos.
Tienda de motocicletas
El dueño de una tienda de motocicletas identificó al acusado como vecino suyo y dijo que habitualmente le ofrecía despieces desde que comenzó trabajar en el servicio de grúas municipal.
En aquel entonces le comentó que en el depósito se tiraban o entregaban al desguace muchas piezas y que si le interesaba alguna se las podría vender, tal y como ocurrió en varias ocasiones.
Retirada "ilegítima"
El despedido dijo que no era tarea suya la seguridad de los vehículos y que los hechos fueron cometidos por un compañero al que acusó de ser el que se lucraba con esta actividad. Por el contrario, se cree probado que el actor colaboró en la retirada “ilegítima” de al menos este vehículo, tal y como se demostró en la grabación.
Por ello, el encargado informó poco después de que los datos de la moto se le iban a poner a otro vehículo porque la primera había desaparecido.
Despido improcedente
El responsable de Recursos Humanos de la empresa de grúas comunicó que el hombre despedido había vendido por 300 euros la motocicleta, que con el dinero conseguido, compraron un frigorífico y un calentador para las oficinas del depósito, y aseguró que contó siempre con el permiso del encargado.
En principio el Juzgado de lo Social se puso de parte del trabajador, consideró improcedente el despido y ordenó a la empresa pagar una indemnización de casi 12.500 euros, o bien proceder a la readmisión o abonarle 51 euros diarios.
Abuso de confianza
En el recurso se indica que el despedido actuó de forma activa y directa a la hora de cargar el vehículo en el furgón. Luego abandonó el depósito y, al poco tiempo, ocurrió algo parecido con una pieza suelta.
La concesionaria acusó al trabajador de transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. El TSJC descarta los argumentos del operario al considerar probado que el acusado debería conocer lo que ocurre cuándo los vehículos van al desguace o se entregan a sus dueños.
Tampoco se acepta que el trabajador actuase con el consentimiento del encargado y, de hecho, éste nunca llegó a declarar en el juicio y que en todo caso debía conocer el funcionamiento del depósito municipal.