El Gobierno de Canarias ha confirmado este lunes su intención de presentar un recurso ante Tribunal Constitucional para que dirima el conflicto de competencias que mantiene con el Estado sobre el alcance de las competencias de costas transferidas a la comunidad autónoma, tras haber fracasado el intento de llegar a un entendimiento en la Comisión Bilateral entre Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; y Fernando Clavijo, presidente autonómico.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que dice haber constatado "que no hay voluntad" política por parte del Ejecutivo central de negociar y ha insistido en que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018 otorga "las competencias exclusivas del litoral a Canarias".
¿Habrá consenso?
Según ha explicado el consejero de Obras Públicas, durante la Comisión Bilateral Canarias-Estado los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis “jurídica” de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando “se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo”.
El desencuentro entre Canarias y el Estado sobre la gestión del litoral se mantiene desde la anterior legislatura, cuando el Gobierno autonómico también reclamó competencias plenas en la gestión del litoral de las Islas. Rodríguez ha alegado que Canarias ha defendido desde 2018 la misma postura en todos los conflictos en materia de costas -la pasada legislatura, como el propio ministro Torres como presidente- y, aunque ha agradecido el "buen tono de la reunión", ha señalado que "no existe voluntad" del Gobierno del Estado de cambiar de posición.
Consejo de Ministros
Ha insistido en el que el marco general de competencias de Canarias están fijadas en el Estatuto de Autonomía, por lo que "da igual lo que ocurra en otras comunidades como Cataluña, Andalucía o Baleares", a las que, según ha señalado Torres, se les concedió también estas competencias y en "todas ellas las disposiciones transitorias están en manos del Gobierno de España".
Tras el pronunciamiento del Consejo de Ministros, que será contrario a la tesis que plantea Canarias, la comunidad autónoma dispondrá de un mes para presentar el recurso, han explicado tanto Torres como Rodríguez, quien ha indicado que ello no será obstáculo para seguir negociando, como ha propuesto el ministro.
"Las competencias son claras"
Rodríguez ha hecho hincapié en que las "competencias son absolutamente claras y no dejan lugar a dudas de que el Estado las está invadiendo", como así lo recoge el informe del Consejo Consultivo de Canarias, un órgano que "no es de parte, sino para abordar asuntos como este", frente a lo que sostiene el informe del Consejo de Estado.
Según detalló, Canarias confiaba en que se abriera una posibilidad de acuerdo en la Comisión Bilateral, pero "no han encontrado voluntad" para modificar el real decreto de transferencias que entró en vigor en enero de 2023, que, a su juicio, es la única vía posible para resolver el asunto.
El consejero ha explicado que en la reunión no se ha abordado ningún expediente en particular, sino que Canarias tiene las competencias estatutarias de la gestión del litoral, por lo que tras consumarse las transferencias en costas el Estado solo mantiene el deslinde en el dominio público marítimo-terrestre y las consideraciones jurídicas que puedan realizarse de las concesiones o actuaciones en el litoral que sean de interés general.
"Choque jurídico"
Tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018, el Ejecutivo canario presidido por Ángel Víctor Torres inició las negociaciones con Madrid para el cumplimiento del artículo 157 y el traspaso de las competencias de Costas. De hecho, en octubre de 2021, el Gobierno autonómico ya se dirigió al Estado para advertirle que era el competente para resolver los expedientes abiertos en material de gestión del litoral.
Torres ha manifestado a los periodistas que, al margen del recurso anunciado, está dispuesto a mantener las reuniones necesarias para tratar de llegar a un acuerdo, ya que las posiciones de ambas administraciones son "contundentes" y existe un "choque jurídico".
El ministro ha indicado que espera que se vuelva a producir otra reunión antes del verano para tratar de nuevo el asunto y también ha recordado que cuando fue presidente de Canarias ya intentó que se convocara esta Comisión Bilateral para poder aclarar las diferencias de criterios entre el Estado y la comunidad autónoma.