De 847 a 576 días de espera para el reconocimiento de dependencia. Esa ha sido la reducción que ha logrado la Consejería de Bienestar Social de Canarias, lo que supone 271 días menos. Candelaria Delgado, consejera del área, informó de estos avances en el Parlamento regional, indicando que no son para celebrar, pero sí demuestran el trabajo de su departamento para cumplir los plazos legales en la resolución de grados, en la elaboración del Plan Individual de Atención y en la concesión de prestaciones.
No obstante, esta reducción del tiempo de espera parece pender de un hilo. Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), ha señalado que, a pesar de conseguir disminuir los días, la situación del 70% del personal encargado de la valoración a quienes finaliza el contrato el 31 de diciembre sigue sin solucionarse. El no meter mano a esta problemática puede tener consecuencias que vuelvan a incrementar ese tiempo de espera.
Solicitudes resueltas
En 2023, Canarias gestionó un total de 72.563 solicitudes de dependencia, de las que se resolvieron 56.213. Esto permitió el reconocimiento del derecho a recibir ayudas a 49.605 personas, según expuso Delgado, que calificó estas cifras como un "avance significativo" en la mejora del servicio.
Además, la consejera resaltó la reducción del 14,5% en el número de personas con derecho reconocido que aún no están recibiendo servicios, lo que demuestra una mejora en la implementación de las ayudas. A esto se suma que se ha incrementado la atención en el entorno familiar en más de 18.800 personas, promoviendo que aquellos que lo prefieren puedan recibir cuidados en sus hogares, en lugar de en instituciones, destacó Delgado.
Falta de personal
Aunque es una mejoría, otros problemas siguen rondando al área de Dependencia del Ejecutivo autonómico. Odesocan ha advertido que el 70% del personal contratado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para la valoración de la Dependencia y la emisión del informe PIA (Programa Individual de Atención) podría finalizar su contrato el próximo 31 de diciembre. Esta situación, de no resolverse de forma urgente, agravaría aún más el ya caótico sistema de atención a la Dependencia en el Archipiélago.
De no prorrogar el contrato actual o cubrir esas plazas con el personal necesario, podría producirse un aumento del tiempo de espera de 210, señala Colao. “Si se reduce 271 días, pero, por no tener el personal necesario se incrementa en 210 días, la bajada es solo de 61 días”, resalta.
La directora de Odesocan reitera que “la dependencia en Canarias es tan frágil por su infraestructura que cualquier desajuste, sea de personal o presupuestario, implica un incremento inmediato de la lista de espera”.
Ayudas y presupuesto
Entre las mejoras destacadas, se ha incrementado el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio, lo que ha llevado a Canarias a ser la segunda comunidad autónoma con mayor aumento en este tipo de ayuda, con un 7,7% más. Aún así, la directora del Odesocan asegura que las ayudas a domicilio suponen “prestaciones precarias” y, a pesar de reducir el tiempo de espera del reconocimiento de la dependencia, eso supone pasar de una lista de espera a otra, como por ejemplo, en espera para poder acceder a una plaza en un centro.
En este sentido, la Consejería indicó que también se han diversificado las prestaciones, beneficiando a 18.829 personas en el entorno familiar y 14.817 en centros especializados. Actualmente, se negocia un nuevo convenio de cooperación con los cabildos insulares para el periodo 2025-2028, informó Delgado de todo ello.
Por último, el presupuesto es otro factor a tener en cuenta en esta materia. Bienestar Social apunta que, en 2023, el Gobierno de Canarias incrementó la financiación destinada a la atención de dependencia, lo que ha permitido aumentar el número de beneficiarios y mejorar las condiciones de los servicios. No obstante, según Colao, el presupuesto actual de la Dirección General de Dependencia, que asciende a 272.440.338 euros, es insuficiente para cubrir la demanda de la población dependiente y debería aumentar un 143%, alcanzando los 661.612.651 euros en 2025. Este hecho ubica a Canarias como la comunidad que menos invierte en dependencia.