Los empresarios condenados por la extracción ilegal de áridos en barrancos del municipio tinerfeño de Güímar deberán pagar 185 millones de euros como había dictaminado la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Así lo ha ratificado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) tras rechazar los recursos que se habían presentado como publica este lunes El Día.
Los responsables de las indemnizaciones son los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, condenados en enero de 2016 por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente a restaurar la zona dañada.
Traslado al Gobierno
La Audiencia Provincial dio traslado de su decisión al Gobierno de Canarias, al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a la acusación particular para que hiciesen una evaluación detallada de los daños y los perjuicios ocasionados.
También señaló que la imposibilidad absoluta de la restitución in natura de los terrenos afectados por las extracciones permitía la aplicación del artículo 18 de la Ley del Poder Judicial y sustituirla por una indemnización obligatoria respecto a cada una de las canteras objeto de explotación ilegal.
Barranco de Badajoz
En la sentencia se señala que las actuaciones llevadas a cabo por alguno de los acusados en los respectivos yacimientos de áridos tuvieron lugar en una gran superficie del cauce de varios barrancos de la zona suroccidental del Valle de Güimar, dentro de la cuenca hidrográficas del barranco de Badajoz, que es de titularidad pública y uno de los cauces hidráulicos con mayor volumen de acarreos de Tenerife.
El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), tiene previsto comparecer en rueda de prensa este lunes para valorar el alcance de esta sentencia.