Este martes, 14 de febrero, delegados sindicales de las policías locales de Canarias están llamados a movilizarse frente al Parlamento de Canarias por los propios sindicatos para protestar contra el borrador de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales impulsada por la Fecam y el Gobierno regional.
Sin embargo, la Subdelegación de Gobierno, institución que autoriza las manifestaciones, protesta so movilizaciones de esta índole, remitió recientemente un escrito en el que insta a los responsables de la organización de la concentración a reubicar dicha reunión a las puertas de la Cámara regional. Todo ello, ante la amenaza de sanciones penales y administrativas
Concretamente, Subdelegación propone que el itinerario de la movilización pase se localice en la calle Teobaldo Power, esquina a Calle Pérez Galdós que, aunque sea a pocos metros de la convocatoria inicial, no deja de ser un detalle importante que no han querido dejar pasar y, según ha podido saber Atlántico Hoy, señalan esta decisión de una vulneración de lo Derechos Fundamentales para defender el Derecho Político.
Mensaje de Subdelegación
No obstante, el representativo sindical acatará la propuesta de la carta, de manera disconforme, para evitar molestar más de lo necesario por ahora y acceden a la petición de la carta recibida:
“(…) Ya que el acto que pretende desarrollarse en la Calle Teobaldo Power 7, resulta que, en la misma, se ubica el acceso noble, dependencias diversas y la Sala de Plenos del Parlamento de Canarias, y en la calle Castillo, esquina a Teowaldo Power, se encuentra el edificio anexo de dicho Parlamento, también con acceso a la institución, y en cuya Sala Europa se celebran también ordinariamente sesiones plenarias (por desdoblamiento de la Sala de Plenos principal) y de distintas comisiones parlamentarias, habiendo de tener en cuenta que, el carácter peatonal de la calle, su estrechez, y su proximidad inmediata a los edificios citados, hace que la profusión de ruidos, cánticos y consignas, que son propios de este tipo de actos, pueda suponer una perturbación significativa del normal funcionamiento de la Cámara que pudiera llegar, incluso, a ocasionar la imposibilidad de celebración de sus sesiones, con independencia de que ha de garantizarse el libre tránsito hacia o desde la misma, en modo tal que sus miembros puedan acudir sin obstáculos a desarrollar sus funciones”.
Asimismo, el escrito de la Subdelegación del Gobierno señala que, según el artículo 494 del vigente Código Penal “determina que incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”, además de que el artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “señala como infracción grave, sancionable con multa de 601 a 30.000 euros, la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
Moción
Por otro lado, los grupos sindicales que se movilizarán harán entrega a los partidos políticos y a los periodistas que se acerquen de un manifiesto en el que comparte una moción que trasladan a las instituciones municipales que requieran llevarla a sus plenos para defender la postura policial ante la “cacicada” que se está cometiendo con la nueva Ley de Coordinación.
En él piden “que se acuerde esta moción y se inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a que retire o paralice el “ANTEPROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN SUPRAMUNICIPAL DE LAS POLICÍAS LOCALES DE CANARIAS, que se cuente con la parte social y se convoque los órganos colegiados o foros adecuados de participación, al objeto de que se elabore un Anteproyecto de Ley que cuente con el la participación de todas las partes antes de su entrada en el Parlamento de Canarias para su aprobación, logrando con ello una Ley moderna, actualizada y duradera en el tiempo, que satisfaga las necesidades actuales y futuras de la sociedad canaria”.