Los sindicatos de policías independientes STAP Canarias y ASIPAL dan un nuevo paso al frente en su lucha contra el borrador de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, impulsada por la Federación Canaria de Municipios y por el Gobierno de Canarias.
Así, en un nuevo comunicado conjunto denuncian “las desesperantes prisas que han desplegado desde la FECAM”, señalando directamente a la presidenta y también alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y a Julio Pérez, consejero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional, “para entre todos ellos colar a toda marcha y corriendo la peor Ley de Coordinación de Policías Locales que se haya conocido en décadas”.
Imponer deseos
Asimismo, el comunicado critica que “el objetivo unilateral y arbitrario de quienes dicen ser demócratas y participativos es claro, no atender ni contar con nadie más para imponer sus expresos deseos de aprobar una Ley que convertiría a los policías locales de Canarias en un cuerpo de furrieles, auxiliares, vigilantes y guardas al servicio de alcaldes de pueblos que solo quieren tener uniformados para atender parques y colegios en detrimento de la creciente inseguridad ciudadana que sufre nuestro territorio”.
Los sindicatos agregan que a los creadores del borrador “les da igual” la situación de jóvenes “en paro galopante” y que lo que han decidido es “intentar destrozar una mejor ley de Policías Locales para imponer otra que les quita derechos, profesionalidad, dignidad, independencia e incentivos y mejores condiciones de futuro, para darles descoordinación, degradación, limitaciones laborales y conflictos, desmotivación y sumisión que en democracia pueden resultar una irresponsabilidad, además de crecientes sanciones y ninguna consideración profesional o derechos sociales y pasivos o de ninguna otra naturaleza como si finalmente los policías no fueran personas”.
Además, espetan que la nueva ley “cercena los pocos derechos existentes en la anterior y sin participación ni consultoría social alguna, imponiendo figuras nuevas terribles para la seguridad y estabilidad con el perfil policial inadecuado”.
Intereses corporativos
“Estamos ante mentes calenturientas que solo quieren implementar y experimentar con personas y profesionales a ver cómo les quedan en el mapa de sus intereses corporativos”, disparan los sindicatos. “Algo terrible para cualquier colectivo de profesionales porque es la antesala de su destrucción o desaparición que igual es lo que pretenden con una conducta nada democrática”, añade la nota informativa.
En este contexto, acusan la “connivencia” de la Consejería y Dirección General de Seguridad con la FECAM, argumentando que “han desechado las otras propuestas de Ley de Coordinación anteriores mucho más participativas y mejor desarrolladas, como la del 2018, con un amplio consenso de todas las partes, pero como a los alcaldes de entonces no les pareció bien la dejaron en el cajón para intentar imponer esta Ley política que no hay por donde cogerla”.
"Ley a la carta"
Por último, STAP y ASIPAL se resignan afirmando que “es algo que ha ocurrido y que no podíamos haberlo ni imaginado, el desdoblamiento más increíble de la democracia y de la participación en la confección de una Ley a la carta”.
En este sentido, señalan que los impulsores de la ley, “sin cortarse un pelo, pondrán en conflicto y grave compromiso a los colectivos de las Policías Locales de las grandes ciudades y capitales, porque su número de efectivos y funcionamiento no se asemejan en absoluto a las policías de localidades menores. Sin embargo esa norma experimental los dejaría a todos en el mismo saco”.