Los sindicatos independientes de las Policías locales de Canarias, STAP y ASIPAL, han mostrado su enfado e indignación ante la aprobación por unanimidad del proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las policías locales de Canarias.
Un acuerdo del que se informó a los sindicatos UGT, SEPCA, Co.Bas, CCOO, CSIF, IC y SPPLB y a las asociaciones profesionales más representativas, como la Asociación de Jefes de Policías Locales de Tenerife y la Asociación de Jefes de Policías de Gran Canarias.
Por ello, y por las propias medidas implantadas, los dos sindicatos excluidos de la información, emitieron un comunicado para trasladar su firme desacuerdo.
Exclusión de sindicatos
Así, en primer lugar señalan que la Comisión ha dado cuenta “a sindicatos que participan en dicha Comisión y a otros que no están, o son independientes”, pero no lo han hecho con sus sindicatos, “así como alguna otra que conocemos y que también han estado en las luchas y reivindicaciones para evitar éstas arbitrariedades y ante la pretendida Ley de Coordinación de PL de Canarias que pretendían aprobar de forma unilateral por la FECAM y éste Gobierno y Consejería dirigida y representada por el socialista Julio Pérez“.
Además, acusan que “con estas actitudes de censurar a determinados sindicatos que seguramente consideran díscolos a sus pretensiones y críticos con sus formas dictatoriales de proceder, solo demuestra sus oscuras pretensiones de imponer solo lo que les conviene para tatar de manipular a dichos colectivos policiales a su interés sin atender a sus derechos y dignidad profesional además de una profunda falta de democracia”.
Parches
Asimismo, afirman que “estos decretazos solo van parcheando situaciones de un colectivo que no encuentra ninguna solución a sus tremendas carencias y dificultades, tanto de personal y promociones, como de recursos y verdadera coordinación por el desmantelamiento que vienen sufriendo en años”.
Tampoco se olvidan de la polémica Ley de Coordinación de Policías de Canarias, por la que insisten una negociación “debidamente consensuada y adecuada para todas las partes” y que, tras su congelación en el Parlamento de Canarias, ahora buscan “resolver los problemas y dificultades internas a golpe de decretazos”, lo que “indica la incapacidad de éste gobierno para hacer bien las cosas y de la soberbia e incompetencia de su gabinete para afrontar los problemas y necesidades de un Colectivo Policial que sobrevive más gracias al esfuerzo de sus integrantes que de los apoyos y buena gestión política inexistente en los últimos años”.
Conducta
Por último, entienden que es una “conducta antisindical y antidemocrática por dejar fuera de la participación a éstos y otros actores sindicales que bien conocen”, porque -apuntan- ahí han estado “aportando y ofreciendo con escritos y reclamaciones o reuniones el que se consideren nuestras aportaciones y si solo encontramos desprecio, acudiremos por ello a los tribunales. si es necesario, para ser atendidos como representantes legitimados ante sus tantas arbitrariedades y turbias pretensiones en el desarrollo e implantación de las normas que pretenden implantar y que la mayoría solo perjudican al Colectivo de las Policías Locales de Canarias como ha quedado demostrado”.