Si el presupuesto de Educación no alcanza el 5 % del PIB regional en 2025, "la enseñanza pública tocará fondo", según ha advertido este viernes en un comunicado el sindicato STEC-IC.
La organización ha recordado que la Ley canaria de educación no universitaria establece que para 2022, como muy tarde, el presupuesto educativo debería haberse situado en el 5 % del PIB regional y lamenta que "para el Gobierno de Canarias cumplir la ley sea algo voluntario".
"No se explica que, transcurridos tres años desde la fecha límite marcada por la Ley para alcanzar ese 5 %, no solo no lo hayamos alcanzado, sino que estemos ahora más lejos de alcanzar el objetivo que cuando el actual Gobierno tomó posesión, en junio del año pasado", refiere.
El primer ciclo, en juego
El sindicato recalca que "sin una financiación suficiente, es imposible avanzar en la implantación del primer ciclo de la educación infantil, una etapa en la que Canarias se encuentra entre las comunidades de cola del Estado, ni se podrá contratar al profesorado necesario (unos 4.000) para reducir las ratios hasta situar a las islas en la media de las comunidades".
Tampoco será posible llevar a cabo las inversiones en infraestructuras, tanto en lo referente a la nueva construcción, como al mantenimiento y mejora de los centros existentes. Otras medidas igualmente necesarias, como la atención a la diversidad o la incorporación de más profesionales para orientación educativa, pedagogía terapéutica, auxiliares educativos, educación social o enfermería escolar, entre otras, seguirán sin ser atendidas, asegura la organización.
Una contradicción
El STEC cree "contradictorio que mientras el Gobierno se escuda en la falta de recursos económicos para mejorar el presupuesto educativo, lleve a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia para beneficio exclusivo de las grandes fortunas que, gracias a que Canarias es la comunidad autónoma con la menor presión fiscal, se ahorran ingentes cantidades de dinero en impuestos que deberían servir para mejorar los servicios públicos de los que dependen fundamentalmente las clases menos pudientes".
Con el objetivo "de que se ponga fin a esta etapa de más de una década de recortes injustificados en la calidad educativa y en los derechos laborales", el STEC-IC ha presentado "una batería de propuestas" a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, que en breve deberá ser presentado al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación.