Simplificar el contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y agilizar sus trámites es posible. Cosa distinta es que sea probable. Es la tesis que ha sostenido este miércoles José María Baño León, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid durante una de las ponencias de la jornada sobre la crisis del modelo de ordenación del territorio organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro en la capital tinerfeña.
Hacer un plan urbanístico es para los arquitectos, en palabras de Baño León, una tarea "hercúlea". Los plazos se eternizan por culpa de un enmarañado sistema de informes, que postergan la obtención de todos los vistos buenos años, hasta décadas. ¿De dónde viene esta problemática casi única en Europa, con la salvedad quizás de Italia?
Una anomalía europea
España es, según el catedrático, una anomalía. Su sistema urbanístico es el más complejo de la Unión y no sólo no ha evolucionado hacia una simplificación, sino que la pugna competencial desde que se creó el Estado de las Autonomías ha agravado el proceso en lo que a trámites se refiere.
La competencia en Urbanismo la tienen las Comunidades Autónomas. Punto. Parece sencillo sobre el papel, pero el Estado -que hasta que se traspasaron las competencias a las regiones era el único que podía legislar en esta materia- ha sabido influir a través de sus competencias en otras áreas para condicionar y guiar al urbanismo.
Mala traducción
La raíz del problema, según Baño León, reside en una incomprensible mala traducción -que no trasposición- de la directiva europea sobre la materia, hecha en lenguaje "clásico administrativo" que ha provocado la multiplicación de ministerios de ramo ad hoc que influyen, a través del sistemático requerimiento de informes perceptivos, en la planificación urbanística.
Por ejemplo, la Unión Europea, en su directiva, no requiere una declaración ambiental en los proyectos, pero el Derecho español no sólo sí lo ha traspuesto así, sino que lo ha convertido en obligatorio, necesitando el correspondiente informe del ministerio o consejería de turno. Y, así, hasta una ochentena de informes requeridos para cualquier proyecto que, inevitablemente, se contradicen entre sí.
Informes, informes e informes
¿Cuál es el remedio que plantea el catedrático? Por un lado, copiar la legislación portuguesa en esta materia, mucho más sencilla a su juicio. Por otro, cambiar la visión orgánica de la administración, que los ministerios o consejerías sirvan como una herramienta para ayudar a que los proyectos cumplan con el conjunto de requerimientos, ponderándolos, en lugar de limitarse a exigir aisladamente decenas y decenas de informes.
Frente a esta frenética demanda de todo tipo de informes (ambientales, hídricos, de carreteras, de telecomunicaciónes, etc.), el catedrático se pregunta por qué no se utilizan las tecnologías modernas como la Inteligencia Artificial para acelerar los procesos y crear una plataforma única de informes en la que se pondere el peso de cada uno respecto a la importancia del proyecto en su conjunto.
Agilización
Por otro lado, Baño León habló durante su ponencia de la agilicación de contenidos en los planes urbanísticos. El catedrático asegura que hace falta una homogeneización clara de las políticas territoriales. En las comunidades existen, según él, demasiados planes de ordenación, desde los generales hasta los específicos, muchos de los cuales se contradicen y entorpecen entre sí. Incluso los planes generales, en muchos casos, han ido dejando de tener sentido y se han remendado para poder adaptarse a planes más específicos, haciendo de ellos "una antiguaya" que impide la agilización de la gestión del suelo urbano.
En definitiva, el catedrático reivindicó "devolver" al Urbanismo su función de ordenación del territorio, influenciada en las últimas décadas por otros órganos administrativos, para simplificarlo.