Este martes comienza en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas el juicio contra los presuntos narcotraficantes que en la noche del 10 de octubre de 2021 intentaron introducir 1.522,19 kilogramos de resina de cannabis (hachís) en la Playa de Vargas (Agüimes).
Alrededor de las 23:30 horas de la noche del mencionado día, la Guardia Civil detectó un desembarco de droga en la zona de Punta Langostero, en el sureste de Gran Canaria, por lo que inmediatamente acudió una de las patrullas en servicio del puesto principal de Agüimes al lugar exacto de llegada de una embarcación neumática. La aparición de los agentes provocó la huida de las personas que estaban desembarcando los fardos por lo que se pudo incautar toda la droga, 51 fardos, que está valorada en 3.000.0000 de euros.
Más de seis años de cárcel y cinco millones se multa
“A los acusados les fueron intervenidos, además de la lancha neumática y sus dos motores fueraborda, otra lancha y motor, junto con garrafas de gasolina y aceite, que se hallaban en la vivienda vacacional que los acusados habían alquilado para facilitar su actividad delictiva, un camión Toyota Dina al que ya habían subido parte de la droga incautada, así como varios teléfonos móviles, y dos dispositivos GPS Garmin utilizados para llevar a cabo el transporte de la sustancia ilícita intervenida y su posterior desembarco”, destaca el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
Los acusados Aridany SA, Erasmo JGB, Adriano AGA, Antonio JG, Juan GMH, Aday JAC y Said EM están acusados de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y de extrema gravedad por uso de embarcación.
Para Aday, la Fiscalía solicita la pena de seis años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 5.500.000 de euros por el agravante de reincidencia. Para el resto solicita seis años de cárcel y una multa de 5.000.000 de euros. Para Said se pide que cumpla la totalidad de la condena antes de la sustitución de la medida por su expulsión, con prohibición de regresar a España en un plazo de ocho años.