El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha revelado, mediante una solicitud de transparencia a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, los datos de efectivos reales con discapacidad en el SCS por sexo, edad y ocupación.
Aunque el SCS no vulnera la ley de discapacidad, sí que lo hace en el apartado en el que se contempla que hay que reservar un porcentaje concreto de empleo público que debe ser, cómo mínimo, del 2% con el compromiso de que aumente hasta el 7% del empleo de personas con discapacidad, las listas de empleo vigentes no revelan — ni permiten a las personas discapacitadas saber — cuántas plazas irán destinadas a estas personas, ni el orden de prelación que ocupa cada persona con discapacidad en el listado.
Un vacío legal
El vacío legal que deriva de una falta de normativa que elabore dos listas diferentes deja a las personas con discapacidad desamparadas, ya que al acceder a esos documentos no pueden saber en qué posición están con respecto al resto de personas. Es decir, hay una única lista que no discrimina entre personas con discapacidad y sin discapacidad por lo que el número que ostentan en ese listado no es el número real. Pueden figurar en el puesto 10 en el listado pero ocupar el puesto número uno en la lista de personal con discapacidad y no tener forma alguna de acceder a esa información.
En el buscador que facilita los nombres dentro de las listas de contratación no hay ningún tipo de opción para que las personas con discapacidad puedan conocer en qué momento y cómo les llamarán, algo que sí conocen el resto de integrantes del listado. En cualquier administración pública cada 20 contrataciones se debe hacer una a una persona con discapacidad.
El perfil de las personas con discapacidad en el SCS
En la petición a transparencia se instaba al SCS a detallar por edad, sexo y puesto de trabajo a las personas con discapacidad que actualmente forman parte de la administración revelando que la mayoría de personas ocupa un puesto de enfermería.
En el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias hay un total de 170 efectivos reales con discapacidad; en el Negrín 138; en la gerencia Servicios Sanitario de Lanzarote 28; en el Hospital Insular 154; en el Hospital de la Candelaria 272; en los Servicios Sanitarios de La Palma 98; en La Gomera 18; en El Hierro 15; en Atención Primaria de Gran Canaria; 104; en Atención Primaria de Tenerife 133.
Si son 65.512 trabajadores según los datos de Marzo, y 1.130 son discapacitados, el porcentaje de trabajadores con discapacidad es el 1,72%, por lo tanto no llegan al 2% exigido. A esto hay que sumar el que en la Oposición prevista del SCS el número de plazas con discapacidad es muy bajo.
Algunos de los otros puestos que figuran en el listado son auxiliar de enfermería; calefactor; celador; cocinero; facultativo especialista de área; fisioterapeuta; administrativos; auxiliar administrativo; lavandero; limpiador; médico de urgencias; operario de limpieza; peluquero y pinche entre otros muchos más puestos, lo que refleja la variedad de trabajos que podría desempeñar una persona con discapacidad siempre que se le adaptasen las funciones correctamente.
Mujeres a partir de los 40 años
Otro dato a destacar de las listas es que reflejan el sexo y edad de las pesonas con discapacidad que predomina en el SCS concluyendo un hecho revelador: hay muy pocas personas jóvenes de entre 20 y 30 años trabajando en algún puesto de la administración. Esto indica de forma indirecta que no se cumple el mandato de que cada 20 nombramientos uno debe ser de persona con discapacidad, y no se incentiva que profesionales sanitarios con discapacidad jóvenes puedan ser contratados.
Además, son las mujeres las que predominan en todas las franjas de edad y en la mayoría de puestos del SCS. Es en la franja de edad a partir de los 40 años cuando se nota de verdad una apuesta por cumplir los porcentajes, pero no antes, cuando los datos reflejan en muchas de las profesiones cero participación de personas con discapacidad entre los 20 y los 39 años.Esto se traduce en falta de iniciativa por parte del propio SCS para fomentar la entrada de personas jóvenes con discapacidad y a su vez que son los trabajadores una vez dentro los que con el tiempo piden la valoración de discapacidad.
Los trabajadores con discapacidad son un colectivo protegido según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero, pese a ello, a estos trabajadores no se les hace de entrada un reconocimiento previo al ser contratados para adaptar el trabajo a su estado de salud y discapacidad y constatar su idoneidad, y la demora en ser valorados es de meses, pudiendo ser asignados los trabajadores a puestos incompatibles con su discapacidad o que le serían muy gravosos, por ejemplo, auxiliares de enfermería con hernias discales y que tengan que cargar pesos.
El Defensor del Pueblo
La desigualdad a la que se enfrentan de manera diaria las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, accesibilidad, movilidad, puestos de trabajo y otros escenarios que diariamente les alejan de la equidad ha sido una propuesta acogida por el propio Defensor del Pueblo tras conocer los datos en las listas del SCS.
Ángel Gabilondo Pujol, quién ostenta ese cargo de poder, reconoce que el Servicio Canario de la Salud no acomete ninguna ilegalidad en cuanto a la ordenación de las listas, pero sí admite que debería de existir una normativa que tuviera en cuenta las necesidades del colectivo.